Convocar a las regiones para analizar la coyuntura nacional aprovechando la molestia trasladada pacíficamente por parte de los alcaldes en relación a la aprobación de la Ley del Plan de Desarrollo parecía una buena idea, hasta que a alguien se le ocurrió organizar el operativo para aprehender a Marco Antonio Pumari y otros dirigentes del combativo Comité Cívico Potosinista a cuenta de los hechos de 2019 y en el marco de la investigación por el supuesto golpe de Estado que solo tiene presa a Jeanine Áñez, y ahora, al mismo Pumari.

Es evidente que la reunión ha sido dinamitada desde dentro, pues aún a la espera de lo que se determine en el anunciado cabildo de hoy en Potosí, no parece probable que los principales departamentos opositores tengan presencia activa y propositiva en el marco supuesto, sino todo lo contrario.

La ciudad de Potosí es una especie de anomalía dentro del departamento del mismo nombre y Comcipo es su expresión. Orgullosos fundadores de la Patria boliviana, en varios momentos ha llevado sus reclamos hasta las últimas consecuencias chocando fuertemente con el gobierno de Evo Morales sea por el litio o sea por el sistemático abandono del departamento, y entre choque y choque ha ido generando su propio concepto de federalismo, y por ahí parece que se buscará una línea de salida al actual conflicto, más allá de lo que cooperativistas y población en general acaben determinando sobre la injerencia policial.

El movimiento del Gobierno de convocar a las regiones parecía encaminado a recuperar el control y la agenda después de haber besado la lona en dos ocasiones con las leyes contra el enriquecimiento ilícito, que ha abierto heridas profundas en el partido azul. La discusión federal resuena de fondo y existen numerosos asuntos pendientes con las regiones que se deben aclarar, desde el manejo del IDH o del Sistema Único de Salud, hasta el postergado cierre de la mesa del Pacto Fiscal, que fracasó en el momento clave – el de la redistribución de recursos – y a la que nadie se atreve a dar carpetazo.

Armonizar el trabajo con las regiones empieza a ser una urgencia para una gestión que no tiene recursos, pero tampoco muchas ideas de transformación, y que vive atrincherada en los hechos del pasado y amenazada por una pandemia que no se va ni con vacunas ni sin vacunas, sin embargo, no todos en el partido de gobierno parecen pensar lo mismo.

Seguramente el MAS tiene derecho a investigar los hechos de 2019 y a depurar responsabilidades de lo sucedido y que políticamente quedó juzgado en las elecciones de 2020. Así lo está haciendo en la Policía y en las Fuerzas Armadas sin que se genere mayor revuelo que el que la responsabilidad obliga. La sincronización de los tiempos políticos – judiciales son sin embargo calamitosos. Todo el caso “Golpe de Estado” sigue dependiente de una denuncia de una exdiputada y toda la retórica queda en nada cuando nada se hace sobre Carlos Mesa o Luis Fernando Camacho, quienes en todo caso serían las cabezas visibles de lo que fuera que pasó.

El MAS y el Gobierno de Arce deben decidir si están dispuestos a asumir las consecuencias de sus actos o, por el contrario, prefieren reivindicarse gestionando, pero desde luego, el tiempo le juega en contra no tanto a ellos, como al país, que de una buena vez necesita concentrarse en su desarrollo.