El pasado 5 de diciembre, el ministro Lima anunció, para marzo del próximo año, una “Cumbre Nacional de la Justicia” en la que “se concretaría la reforma judicial”. Sería la tercera cumbre del masismo en estos 15 años. La “Primera Cumbre Judicial del Estado Plurinacional” se efectuó en La Paz el 10 y 11 de diciembre de 2012 a convocatoria del Órgano Judicial. La segunda, “Cumbre Nacional de Justicia Plural” se realizó en Sucre el 11 y 12 de junio de 2016, esta vez a convocatoria del Poder Ejecutivo.

El primer evento se produjo después de un año de las primeras elecciones judiciales con el objetivo de efectuar “un análisis sobre el estado de la justicia en Bolivia” y, al parecer, fijar los lineamientos de los flamantes magistrados electos. La segunda cumbre se realizó un año antes de la segunda elección judicial, en 2017, constatando que la crisis judicial se había agravado en lugar de resolverse. Pese a las mesas de trabajo, a las memorias y conclusiones respectivas, nada se tradujo en políticas concretas, develándose la improvisación y el exitismo momentáneo.

Claramente el segundo evento no fue la continuación del primero, cuyas conclusiones y lineamientos fueron ignorados. Tampoco se tomó en cuenta “El Plan Sectorial de Justicia Plural 2013-2025” elaborado por el Ministerio de Justicia, y mucho menos fueron consideradas las propuestas elaboradas por el Ministerio Público, en 2015, y por la Procuraduría, en 2016. La propia finalidad de esta segunda “cumbre”: “establecer las bases de la revolución de la justicia en Bolivia”, parecía destinada a dejar en claro que, otra vez, se partiría de cero.

Es que los gobiernos del MAS, nunca tuvieron una estrategia de reforma judicial, reiterando el inmediatismo y la demagogia de sus predecesores “neoliberales”. Por ello, una de las carencias centenarias que hacen a la crisis estructural de la justicia, junto a las de independencia, idoneidad, recursos y acceso, es la carencia de verdaderas estrategias estatales.

Lamentablemente esta carencia centenaria parece estar repitiendo el gobierno de Luis Arce que, a tiempo de anunciar su propia “cumbre”, no se ha referido para nada a las dos anteriores, fallidas, y peor, esta tercera sería la culminación o la concreción de una reciente propuesta de “reforma judicial” que, en solo 12 meses, ya tiene tres versiones. En efecto, el ministro Lima anunció, en noviembre del año pasado, una reforma parcial de la Constitución para reformar la justicia que en solo dos semanas quedó archivada para dar paso a otro anuncio de cambios normativos en el manejo de Derechos Reales y los trámites de adopción, para, finalmente, en septiembre de este año, volver a proclamar una nueva reforma, ahora a partir de seis ejes que, sin referencia a ningún diagnóstico y menos a antecedentes, no van al fondo de la problemática estructural de la justicia, expresada en la dependencia política gubernamental de la cúpula judicial, en su falta de idoneidad personal y profesional, en el mísero presupuesto judicial y en la carencia de universalidad y acceso de la población al servicio judicial.

Lo grave es que, según la declaración reciente de Lima, estos supuestos seis ejes serían el temario de la próxima “cumbre”, con lo que anticipadamente se estaría anunciando su fracaso. Es que no necesitamos “cumbre” alguna para distribuir mejor a los pocos jueces que tenemos (eje 1); para asegurar, de manera voluntarista, eficiencia judicial (eje 2); para promover supuestos procesos meritocráticos y descolonizadores en el nombramiento de jueces (eje 3) o para, sin incrementar el presupuesto, impulsar la transformación digital, el desarrollo normativo o la transparencia institucional (ejes 4, 5, y 6).

Con ese “temario” superficial respecto de las causas profundas de la crisis, es muy probable que también se reitere, el próximo marzo, el escenario de la “cumbre” partidaria anterior: 1.500 delegados, de los cuales 1.100 (73%) eran de las organizaciones sociales, 270 funcionarios gubernamentales (18%) y solo 130 de otras instituciones (9%). Con el 91% de masistas, obviamente los delegados universitarios y de los colegios de abogados abandonaron más que de prisa el evento, denunciando que no había lugar para aporte alguno porque “todo estaba cocinado”. No sabemos aún qué menú está preparando el ministro Lima para esta tercera cumbre, pero estamos escépticos frente a lo que podría ser un nuevo mejunje que indigeste al país. Por eso desde la sociedad seguiremos impulsando la reforma vía referendo ciudadano.