El Gobierno de Bolivia, lo mismo que el de Nicaragua, no fue invitado a la Cumbre por la Democracia, organizada por el Presidente de EEUU y de la que participaron 110 países. No es el único aspecto común que comparten las administraciones de aquel país centroamericano y el nuestro. Ambas practican un rechazo total al diálogo amplio con todos los sectores —especialmente con los que no son afines al oficialismo—, la concentración del poder en el Ejecutivo y la persecución y encarcelamiento de quienes cuestionan la política gubernamental.

En junio de este año, la comunidad internacional reaccionó escandalizada frente a las detenciones, en Nicaragua, de una veintena de líderes opositores al gobierno de Daniel Ortega. En los últimos 12 meses, son cerca de 200 los arrestos, apresamientos y secuestros de personas que cuestionan al oficialismo.

Los organismos internacionales han expresado su repudio a lo ocurrido este año en Nicaragua. Bolivia, lo mismo que Cuba y Venezuela, no fueron parte de esos cuestionamientos al Gobierno nicaragüense, cuyas acciones son abiertamente contrarias a las de un régimen de democracia plena y real.

Las detenciones arbitrarias, represión desproporcionada y las amenazas y acoso a los medios de comunicación ejercidos por el Gobierno de Ortega, que está a punto de cumplir 15 años de permanencia continua en el poder y se ha convertido en lo que antes combatía: un dictador.

Su receta para imponer el autoritarismo funciona y parece que el Gobierno del MAS la está aplicando en Bolivia.

Comenzó con la detención de la expresidenta Jeanine Áñez y varias autoridades civiles y militares que estuvieron en funciones durante el Gobierno transitorio.

Y continúa con la persecución, ahora, de los líderes cívicos de Santa Cruz y Potosí, los departamentos donde fue más rotundo y activo el rechazo al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y la ley de estrategia para el mismo propósito.

Lo ocurrido en Potosí la noche del jueves al viernes recién pasados es una muestra de lo que afirmamos: 2 mil policías de tres departamentos fueron movilizados a la Villa Imperial para detener al presidente y expresidente del comité cívico potosino. Este último fue apresado en franco irrespeto del debido proceso y ahora está encarcelado, supuestamente, por seis meses. Supuestamente, porque es previsible que sea objeto de la misma fórmula empleada contra Áñez: sumar procesos y conseguir que la detención preventiva se extienda por un tiempo indeterminado.

Parece que es apenas el inicio, pues, como lo advirtió el jefe absoluto del MAS, otros opositores, como Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Luis Fernando Camacho, tienen que cuidarse.