En las vísperas de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el gobierno desató, con el apoyo de la Policía y el Ministerio Público, una cacería para arrestar a dirigentes cívicos y políticos de Potosí, vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE) y el procedimiento penal vigente.

Como en tiempos de las dictaduras militares, las fuerzas represivas actuaron de noche, asaltaron las instalaciones de la entidad cívica potosina, arrestaron también a familiares de las víctimas y condujeron al excandidato vicepresidencial Marco Antonio Pumari a un sitio desconocido.

Mientras se escribe esta columna, si bien apareció Pumari, aún se desconoce el paradero de otras personas perseguidas (algunas se declararon en la clandestinidad) y se mantienen en Potosí contingentes de policías que fueron trasladados a esa capital desde otros departamentos.

Por su parte, las organizaciones cívicas y gremiales potosinas han decidido que, en coordinación con las organizaciones de la sociedad de los otros ocho departamentos, se convoque a un cabildo nacional y se organice la resistencia en contra de la vulneración de los derechos humanos y el desgobierno.

Probablemente, está decisión gubernamental de arremeter de la manera como lo está haciendo frente a toda expresión que no comparte su propuesta responde a la línea de acción autoritaria que el expresidente fugado y su entorno más cercano han lanzado desde el Chapare, más aún cuando, de acuerdo a muchos analistas, la figura de Morales cae sistemáticamente y se van cerrando las posibilidades de que, como es su ambición, pueda retornar al rascacielos presidencial con el voto popular.

En vista de estos antecedentes, se puede lanzar una inferencia audaz: Morales y su círculo más íntimo han llegado a la conclusión de que es hora de tomar el control total del país.

No se puede explicar de otra manera la grosera intervención policial en Potosí y la fecha en que se la ejecutó. Más aún si sólo pasa una semana desde que, por primera vez, el Presidente del Estado se reunió con los alcaldes de las capitales departamentales y El Alto y comprobó que es posible arribar a acuerdos sin arriar banderas y que se anunció que haría lo propio con los Gobernadores.

Y explica también el claro alineamiento internacional del MAS y el gobierno, que se traduce, por un lado, en el apoyo incondicional a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Por otro lado, en la cada vez más “carnal” relación con Argentina, como se desprende de algunas actuaciones que trascienden las diplomáticamente calificadas buenas relaciones. Ejemplos de ello son la abierta injerencia en nuestros asuntos internos que asume el embajador de ese país, que Morales comente la intervención de su homólogo Alberto Fernández en la cumbre convocada por el mandatario estadounidense antes de que éste participe o algunos indicios del apoyo político ideológico al MAS, particularmente en la tarea de cambiar la historia de acuerdo a sus requerimientos (y es por esas muestras de acercamiento que llame la atención que Morales no esté presente en la concentración que Fernández organizó para rememorar el retorno de Argentina a la democracia y a la que invitó a los expresidentes de Uruguay y Brasil, José Mujica y Luiz Inácio Lula da Silva).

Y ¿el Presidente del Estado?…, parece resignarse a asumir que donde manda aspirante a comandante universal no manda soldado raso.

Juan Cristóbal Soruco Quiroga es periodista