“Estamos para presentar una denuncia por impacto de la minería de oro, en este caso la contaminación de mercurio en nuestros ríos, lo que afecta a los derechos humanos, especialmente a la salud de los pueblos que habitamos en la ribera del río Beni, cuencas como el Madre de Dios e incluso las áreas altas”, informó el vocero de la Contiocap, Alex Villca.

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Ya el pasado 28 de septiembre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a Bolivia un informe sobre la contaminación por mercurio y el impacto en los pueblos indígenas. Ahora la coordinadora solicita una respuesta al gobierno.

“Pedimos a la brevedad posible una respuesta contundente y clara para que sea el pueblo boliviano que conozca la situación de esta grave contaminación que sufrimos los pueblos indígenas”, acotó Villca.

Según el informe de la Contiocap, tan solo en el departamento de La Paz hay mil cooperativas mineras auríferas y “muchas vulneran las leyes bolivianas. Sabemos que hay empresas chinas, colombianas y de otras nacionalidades en nuestros ríos”.

El miércoles, el relator especial de la ONU para sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, informó en una conferencia del Centro de Documentación e Información (Cedib) que el país se había convertido en el centro del tráfico ilegal de mercurio hacia la minería de otros países.

De hecho, indicó que Bolivia se convirtió en el segundo importador más grande a nivel mundial.

Orellana explicó que el país ratificó su adscripción al convenio de Minamata y en un informe el Estado calificó como: “más que insignificante” a la minería ilegal; sin embargo, aún no presentó un plan de acción nacional.  

En la carta enviada a Arce, la Contiocap adjuntó la anterior solicitud de las Naciones Unidas a través de sus relatores especiales, precisó Villca.