El relator especial de la ONU para sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, manifestó este miércoles la grave preocupación que existe respecto al aumento del uso y comercio del mercurio en Bolivia, pero además porque el país se ha convertido en el centro del tráfico ilegal de este elemento en la región.

Orellana se pronunció en un taller organizado por el CEDIB, en el cual explicó la carta de alegaciones que envió al Estado boliviano junto al Relator sobre derechos de los pueblos indígenas de la ONU, para alertar sobre la situación del mercurio.

Refirió que existe una grave preocupación por el aumento del comercio y uso del mercurio en la actividad minera de Bolivia, lo cual tiene sus consecuencias para pueblos indígenas, los propios mineros, su salud y medioambiente.

En la carta se señala que incluso que Bolivia se ha convertido en el segundo importador de mercurio más grande el mundo.

También manifestó en el taller que existe una “creciente preocupación ante el hecho de que Bolivia se ha convertido en el centro del tráfico ilegal de mercurio hacia la minería ilegal en otros países de la región, incluyendo Perú, Brasil Colombia y otros”.

El relator Orellana advirtió, asimismo, que existe una falta de regulación efectiva sobre el mercurio para hacer frente a los impactos, además de una falta de implementación del Convenio de Minamata que busca proteger la salud humana y el medio ambiente ante las emisiones de mercurio.  

Bolivia ratificó por ley su adscripción al Convenio de Minamata, el cual establece que los países con actividades de extracción y tratamiento de oro artesanales y en pequeña escala deban certificar esta situación y presentar un plan de acción nacional al respecto.

Según el Relator, Bolivia ha manifestado que la actividad minera aurífera artesanal en su territorio es “más que insignificante”, que es la categoría usada en el Convenio, sin embargo no ha presentado su plan de acción.

“Bolivia aún no prepara un plan de acción nacional. Bolivia ha reconocido que el problema del mercurio y la minera artesanal y de pequeña escala es más que insignificante en su territorio, esta es una carta oficial presentada a la secretaria del Convenio de Minamata en 2019 y, sin embargo, no tentemos información acerca de avances en esta dirección”, dijo Orellana.

Recalcó que está clara la obligación que tiene Bolivia de elaborar un plan de acción, pero en ambas relatorías que abordan este tema no tienen información de que se haya avanzado en ese tema. “Esa es una grave falencia en el cumplimiento del Convenio de MInamata”, agregó el Relator.

Consultado sobre si existe sanciones, el funcionario internacional señaló que cuando un país frustra los objetivos de un convenio internacional, empieza a ser visto con otros ojos por sus pares. Asimismo, indicó que el acceso a recursos internacionales puede verse comprometido, puesto que para otorgarlos se valora si los países evidencian su buena fe de cumplir compromisos.

Orellana resaltó que este caso es un claro ejemplo de injusticia ambiental, puesto que pueblos indígenas pueden verse contaminados por actividades en otros lugares y que benefician a otras personas. 

Además, los mismos mineros son afectados por la exposición que tienen al mercurio. Acotó que corresponde al Estado brindar educación al respecto.

CEDIB pide escuchar

Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), llamó que los bolivianos escuchen la alerta de los relatores de la ONU. Observó que no hay una voluntad política para cumplir con las observaciones, pero sugirió hacer una presión de parte de instituciones y la sociedad civil para que el Estado tome “manos en el asunto”.

Señaló que el mercurio afecta a los mineros que lo utilizan de forma no adecuada, pero también puede llegar a distancias muy lejanas porque se acumula en los peces, que es un alimento consumido por pueblos indígenas en toda la zona amazónica.

“Esta población se ve afectada por la contaminación del mercurio y contaminación que hace daño al sistema nervioso, particularmente a mujeres y a niños en proceso de formación, y que sea se manifiesta desafortunadamente en muchos años hacia adelante”, dijo Campanini.

Observó también una contradicción en que el Estado boliviano haya ratificado mediante ley el Convenio de Minamata, pero al mismo tiempo se haya multiplicado la cantidad que llega de mercurio y haya facilidades para su adquisición de parte del sector cooperativo minero aurífero.