Ya es un lugar común sostener que la administración de justicia en el país está en crisis. Su situación es crónica y tiene larga data. También es frecuente señalar que la necesidad de una reforma judicial profunda es ampliamente apoyada por la población. No es nada nuevo. El tema irresuelto, pese a reiterados anuncios, es cómo realizar esa reforma, con qué alcances y cuándo. Hasta ahora se han expresado diferentes voluntades, existen varias propuestas en mesa y algún debate, pero no hay resultados.

En ese marco, la convocatoria —todavía no formalizada— para una Cumbre Nacional por la Justicia dentro de tres meses, en sí misma, es objeto de debate. El Ejecutivo, a través del Ministro de Justicia, asegura que será un cónclave decisivo para la reforma. Y que ya se está avanzando en seis ejes. La oposición, en tanto, desconfía de la iniciativa y cree que tiene fines de distracción. Un primer paso para la cumbre, pues, será brindarle legitimidad para garantizar que sea participativa.

Hace cinco años, en la ciudad de Sucre, se hizo una cumbre con el mismo propósito: reformar la Justicia. Varias instituciones y sectores sociales participaron, integrando seis mesas de trabajo. Hubo conclusiones y propuestas importantes. Uno de los principales acuerdos fue mantener el sistema de elección de las altas autoridades judiciales por voto popular. El problema de la cumbre fue la ausencia de actores de la oposición. La cumbre, por tanto, no generó el necesario acuerdo nacional. Y no hubo avances.

¿Podemos esperar que la cumbre de marzo de 2022 sea diferente? ¿Qué condiciones se requieren para el efecto? Para que sea una cumbre nacional es fundamental que incluya a todos los actores relevantes, sin exclusiones políticas. Se requiere también que sea un auténtico espacio deliberativo, con argumentos y propuestas. De nada sirve reunirse y dialogar entre conversos. Y es evidente que debe haber un trabajo previo para acercar posiciones, hoy irreconciliables. Asumimos que nadie quiere una cumbre fallida.

La transformación integral de la Justicia en el país es una necesidad impostergable. El diagnóstico crítico muestra varios campos que deben ser reformados. El más sensible sin duda es garantizar la idoneidad e independencia de todos los administradores del sistema. Ello implica por supuesto mirar más allá del Órgano Judicial. Se deben reformar también el Ministerio Público y la Policía Nacional, que es donde se inicia la cadena de injusticias. La agenda de reforma es amplia. Y debe ser profunda.