El expresidente y actual vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa volvió a denunciar que existen “graves irregularidades” en la investigación del caso Quiborax, que consiste en la reversión de concesiones mineras, que derivó en el pago de 42,6 millones de dólares.

Mesa manifestó que existe una manipulación gubernamental de la justicia con el fin de adjudicarle la responsabilidad del millonario pago que tuvo que realizar el Estado a la empresa chilena y también anularlo políticamente.

“Esto representa una intención de demolición personal y política mía. Lo más grave es que los verdaderos responsables de un manejo increíble, que le ha costado a Bolivia 42,6 millones de dólares, están tratando de cargar esa responsabilidad sobre mis espaldas cuando saben que lo que nosotros hicimos fue absolutamente impecable”, dijo el exmandatario.

Mesa que ofreció hoy una entrevista al programa Cabildeo de Amalia Pando, señaló que "es consciente" que por ese caso puede terminar en prisión. "No quiero pensar que iré a la cárcel, pero estoy consciente que puede ocurrir (...) por supuesto que me preocupa y me asusta, pero estoy con la convicción de quien lucha por una causa justa", manifestó el mandatario, según publicó el portal Oxígeno. 

El exmandatario presentó ayer al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la solicitud para la anulación del requerimiento de juicio de responsabilidades presentado por la Fiscalía General del Estado.

El documento señala que entre las irregularidades están que no se tomó en cuenta la fase de extinción de las concesiones y expulsión y la forma de cómo se llevó la parte de la defensa ante el arbitraje en la Ciadi. Observó que no se convocó al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.

Asimismo, denunció la forma cómo se realizó la defensa de Bolivia en este arbitraje, solicitando inclusión en la investigación del exministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce Zaconeta; actual ministro de Minería, César Navarro, y Pablo Menacho Diederich, actual procurador general.

Mesa ratificó su postura de ser un defensor militante del 21-F y recalcó que constitucionalmente el presidente Evo Morales no puede repostular a la presidencia del Estado.

"No debemos jugar el juego de adelantar el proceso electoral, de electoralizar este momento para que el Presidente pueda pasar por alto fácilmente el 21 de febrero", expresó.