Recientemente participó del Foro Permanente sobre cuestiones indígenas en la ONU,  y también estuvo en la OEA, donde pidió crear una secretaría de defensa de los derechos humanos indígenas de América y que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) tenga una sala especializada en derechos indígenas. 

Señala que a escala internacional Bolivia está bien representada con leyes, pero los administradores de justicia no las cumplen. Y cuestiona el hecho de que algunos vocales quieren volverse a postular, siendo que no han actuado correctamente.

 ¿Cómo es que llega a ocupar un espacio en la Comisión de Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo? 
La comisión internacional, puesta en vigencia este año, surge de los distintos reclamos que hay en las convenciones internacionales de los foros permanentes de derechos indígenas de la ONU, donde hay participación mundial.

Surge de la necesidad. Los pueblos indígenas del pacto de unidad, reunidos en Bolivia, decidimos, dentro de la demanda, poner en un requerimiento la puesta en vigencia de un tribunal de defensa de los derechos indígenas del mundo

¿Y se logró? 
Sí, tengo una resolución que en uno de sus artículos reconoce y encomienda a las instancias de derechos humanos de Naciones Unidas coordinar, defender, y poner en marcha  la defensa de los artículos que defienden los derechos de los pueblos indígenas.  

 ¿Y en Bolivia avanza? 
Tenemos la Constitución Política del Estado, que para nosotros es la más completa en lo que refiere a  los pueblos indígenas, porque después de las marchas, logramos también una nueva Constituyente y ahora  tenemos por elecciones propias, asambleístas departamentales y nacionales. Estamos ante un Estado plurinacional. En la ONU me sentí orgulloso de tener una Constitución tan completa, cuando otros países tienen solo parches sobre esta temática.

Al tener una CPE tan completa ¿Se garantiza el respeto a los derechos de los pueblos indígenas?
Lastimosamente, pese a que tenemos convenios con el Tribunal Constitucional y se han realizado talleres para el tema de derechos indígenas, se ha peleado por sentencias constitucionales, la ley no se aplica como debe ser.

 ¿Qué es lo que se vulnera? 
Se vulneran la CPE, los convenios internacionales y el Código de Procedimiento Penal. En este último, se vulnera el art. 391, que indica “que cuando un miembro de un pueblo indígena o comunidad indígena o campesina, sea imputado por la comisión de un delito y se lo deba procesar en la jurisdicción ordinaria, se observarán las normas ordinarias de este código y las siguientes reglas especiales:  El fiscal durante la etapa preparatoria y el juez o tribunal durante el juicio serán asistidos por un perito especializado en cuestiones indígenas; el mismo que podrá participar en el debate y antes de dictarse sentencia, el perito elaborará un dictamen que permita conocer con mayor profundidad los patrones de comportamiento referenciales del imputado a los efectos de fundamentar, atenuar o extinguir su responsabilidad penal; este dictamen deberá ser sustentado oralmente en el debate”.

Y señala que los administradores de justicia que incumplan estos artículos serán pasibles de seis a diez años de cárcel.

 ¿Y los convocan? 
No, siendo que la Cidob tiene 50 peritos formados, con eso estamos causando indefensión y abuso. Estos procedimientos de los fiscales actuales provocan dolo en la población indígena, porque son autoridades y conocer las normas.

¿Cuántas denuncias han recibido en la Cidob por estas violaciones en la normativa? 
No tenemos contabilizado, porque son tantos los casos que atendemos, que a veces uno se siente impotente.

¿Qué han conseguido con sentencias a favor de los pueblos indígenas? 
Se han logrado en acción de amparo, entre los derechos y las garantías constitucionales. Se han conseguido acciones de inconstitucionalidad de normas relacionadas a derechos de naciones, pueblos indígenas, el debido proceso, el derecho al trabajo, a la consulta previa, entre otras. Son como unas 100 sentencias. Por ejemplo, en hermanos de Pando, sobre tema de tierra, un empresario entra a su territorio y los obliga a venderle la castaña y luego les inicia un proceso para quitarles sus tierras; ante eso se demandó y se consiguió el resarcimiento de daños a esta persona, además se le aplicó una multa y fue desalojado del territorio.  

¿Qué falta para garantizar el cumplimiento de la ley en lo que refiere a pueblos indígenas? 
Se ha demandado una nueva elección de autoridades nacionales que muchos han entrado por la jurisdicción indígena, en el Tribunal
Constitucional, Agroambiental, Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo, pero ahora esperamos que sean mejores que los anteriores, porque han habido equivocaciones en algunas sentencias. Ahora esa misma gente que ha vulnerado los derechos pretende a ser reelecta para vocales.

Hemos pedido que en Santa Cruz y en todos los departamentos haya salas especializadas en derecho indígena, que aplique el pluralismo jurídico y que en la Fiscalía departamental tiene que haber también una unidad especializada en esta temática, para que coordine con nuestros organismos departamentales.

Para que ocupen los cargos, queremos que se reconozcan los méritos de acuerdo con los casos que hayan atendido, que cumplan la CPE y hablen y escriban una lengua indígena.