Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: miércoles 08 de diciembre de 2021
Categoría: Legislación electoral
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La historia de amor de Anna y Peter, dos jóvenes menonitas que huyeron de su colonia para contraer matrimonio por las leyes bolivianas y bajo la religión evangélica, permitió conocer que varios derechos básicos que son de obligatorio cumplimiento en Bolivia están siendo vulnerados en aquellas colonias que viven ancladas en el pasado por decisión propia.
Los menonitas llegaron a Bolivia entre 1950 y 1960, provenientes de Canadá y Rusia y se instalaron en unas 100 colonias en el oriente boliviano, donde viven de espaldas a las leyes nacionales. Sus integrantes no pueden votar, los niños y jóvenes no acceden a la educación, no tienen carnet de identidad, tampoco acceden a la tecnología y las mujeres son sometidas no sólo al mando del varón, sino al de los líderes religiosos, los que socapan casos de violencia doméstica y hasta violaciones sexuales, según denuncias de aquellos que lograron huir y establecerse en comunidades bajo normas bolivianas, con el apoyo de grupos evangélicos y de la Asociación Departamental de Derechos Humanos de Santa Cruz (Abddhh).
Desde finales de la década de los 90, se han establecido un total de 17 comunidades de menonitas libres y rebeldes, cuyos integrantes ahora pueden estudiar, elegir a la persona con quien casarse y producir la tierra. Entre estas comunidades están Hacienda Verde, Villa Nueva, Nueva Estrella, Concepción, Santa Rosa de Roca, Guarayo y Brecha Siete.
El presidente de la Abddhh, Víctor Hugo Velasco, entrevistado por Página Siete sostiene que los menonitas nacidos en territorio boliviano ya deberían gozar de todos los derechos establecidos en la Constitución, tomando en cuenta que son ciudadanos nacionales, sin embargo, los líderes de las colonias aducen que viven bajo la protección de un convenio suscrito con el Gobierno boliviano en el que se establece el respeto a sus usos y costumbres.
Los usos y las costumbres están reconocidos en la Carta Magna en el marco del Estado plurinacional, pero de ahí a permitir que en comunidades enteras se violen los derechos humanos básicos hay un camino empedrado de indiferencia y desidia.
Anna y Peter, así como otros más de 8.000 menonitas, lograron romper el cerco religioso de sus colonias y ahora emprenden una nueva vida que, seguramente, no será perfecta, pero al menos les garantizará los derechos básicos. Quizá sea tiempo de que el Estado vuelque la mirada hacia estas comunidades, no para extorsionar a sus líderes por la tenencia de la tierra, como ha estado ocurriendo, sino para garantizar derechos ciudadanos básicos.