La ONU a través del secretario general, António Guterres, en reunión virtual pide a Arce respeto a los DDHH y al debido proceso, base fundamental para la consolidación de la democracia. Recalcó la importancia de respetar los derechos humanos y garantizar juicios justos tras las detenciones de Jeanine Añez y altos exfuncionarios del anterior gobierno.
El Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) recomendó que es urgente hacer la reforma judicial, ante la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Publico. Al evidenciar procesos judiciales por sedición y terrorismo contra los opositores políticos, a fin de garantizar el respeto al debido proceso y una ley que garantice la carrera judicial, la estabilidad profesional con proceso de selección y remoción de juezas, jueces y fiscales, basados en el mérito y garantizar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del Órgano Judicial.
La Constitución Política del Estado establece en el Art. 256.I que “Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”. La CPE en el Art. 172 obliga al presidente a cumplir y hacer cumplir la Constitución.
El servidor Arce, al asumir la presidencia de Bolivia, juró cumplir el Art. 115.II que manifiesta: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones”. Pero viola la Constitución, persigue y encarcela a ciudadanos que no están de acuerdo con su ideología de sometimiento y autoritarismo. NO cumple el debido proceso ni la presunción de inocencia, inventa procesos contra las personas que defienden los derechos civiles y políticos de bolivianas y bolivianos.
La denuncia de la vocal del TSE, Rosario Baptista, de haber ganado Arce las elecciones en 2020 de manera fraudulenta, desató aún más su furia y se dedicó a perseguir y encarcelar a líderes defensores de los derechos civiles y políticos, que participaron en las Plataformas, Comités Cívicos y autoridades que apoyaron al soberano en la tarea de hacer el CONTROL SOCIAL al gobierno “ilegal y fraudulento”. Por ello incumple el Art. 3 de la Declaración de Derechos Humanos, que establece “se presume su inocencia”. El gobierno de aguantArce con su política de odio, al verse debilitado en su gestión y tratar de imponer leyes inconstitucionales, pretende gobernar por decretos e impulsa la división de los bolivianos, organiza “marchas del gobierno contra el pueblo”, usando recursos públicos. En esas marchas, sus acólitos masistas, con la protección de aguantArce, amenazan con realizar actos de violencia en completa impunidad.
Exigimos al gobierno de Arce respetar los derechos humanos, como recomiendan la ONU, el CAT y varios organismos internacionales, porque no cumple los estándares internacionales en relación con el debido proceso y la PRESUNCIÓN de INOCENCIA, de cualquier ciudadano perseguido y encarcelado por tener pensamiento contrario a la ideología del Adendum del Alba, del Foro de San Pablo. AguantArce pretende someter a Bolivia, como están sometidos Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La autora es Abogada,
ex Asambleísta Constituyente.