Un año después de que emprendiera su primera —tan entusiasta como fugaz— iniciativa de reformar la administración de justicia, el Ministro de Justicia anuncia, por tercera vez, la realización de ese proceso, ahora, mediante una “cumbre de justicia” que buscará “un acuerdo político que permita (…) tener una justicia nueva”.

El Ministro no sabe cuándo exactamente tendría lugar la segunda “cumbre” para reformar la justicia que impulsa el MAS en los último cinco años, pero asegura que “marzo (de 2022) es la fecha, no tenemos el día”.

Su anuncio ocurre justo cuando se han cumplido los “90 días” que él había anunciado a principios de septiembre —cuando arrancaba su segunda iniciativa— para que “tengamos una nueva justicia penal”, el tiempo que iba a durar la colecta, en todos los departamentos, de propuestas, para la reforma judicial que tendrían que haber servido para formular un proyecto de ley con ese propósito.

Es muy probable que ninguna autoridad gubernamental se hubiera referido al fin de aquel plazo ni al estado de avance del proceso en “la ruta crítica” iniciada en septiembre para “construir una reforma en unidad”, sin la publicación, el viernes pasado, de las observaciones del Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) sobre la justicia boliviana.

Ese documento insta a “llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso, (...) adoptando una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional, y revisando el proceso de selección, evaluación y remoción de juezas, jueces y fiscales, conforme a criterios públicos y objetivos, basados en el mérito”.

Esa urgencia que menciona el CAT, parecía estar presente en las preocupaciones del Ministro de Justicia cuando lanzó su primera iniciativa de reforma judicial, hace más de 12 meses. Entonces, la autoridad se refirió a la versatilidad de los jueces y fiscales, que acomodan sus decisiones de acuerdo a las presiones políticas, “su camiseta (pasa) de azul a verde y luego nuevamente azul”, dijo.

Las acefalías en 151 juzgados acentuaron esa urgencia y el Ministro de Justicia pidió a los responsables de la demora en esas designaciones, el Consejo de la Magistratura, “que den un paso al costado y decidan de una vez dejarnos encarar una reforma judicial”.

Luego, al parecer, el cambio de color de camiseta de jueces y fiscales se completó con éxito, y dos consejeros de la magistratura no tuvieron que dar paso alguno, pues los destituyeron por simple decisión judicial, totalmente fuera de lugar, pues eran autoridades elegidas por voto popular.

Así, el reciente anuncio acerca de una reforma judicial tiene todas las chances de no ser el último ni de pasar de anuncio.