El Gobierno anuncia para marzo de 2022 la realización de una cumbre de la justicia, teóricamente para transformar un sistema desacreditado y viciado por su sometimiento al poder político, corrupción y otros males que llaman la atención de propios y extraños, tanto así que incluso organismos de Naciones Unidas, como el Comité contra la Tortura (CAT), observan con preocupación la falta de autonomía e independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público.

En un reciente informe, tras realizar un estudio en Bolivia, el CAT concluyó que las graves fallas del sistema judicial boliviano quedaron en evidencia en procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos.

Por eso es necesario, dice el informe, llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso, en particular, adoptando una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional.

El ministro del área, Iván Lima, adelantó que al encuentro de marzo se tendría que llegar con un acuerdo político que le permita al país tener una justicia nueva y que implemente, en sus palabras, los mandatos democráticos de la Constitución boliviana.

La reforma de la justicia debiera hacerse tomando en cuenta las recomendaciones del CAT y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Los ejes enumerados por Lima para la reforma judicial son seis: redistribución de jueces, acceso en igualdad de condiciones, independencia, transformación digital del modelo de gestión, modificación de varias normas y profundizar la ética y transparencia en la administración pública.

Desde la mirada de la legisladora opositora Luisa Náyar, una reforma de la justicia debe contemplar al menos cuatro pilares fundamentales: el cambio de todas las autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público, detener los procesos de persecución política en el periodo del Movimiento Al Socialismo, llevar adelante un acuerdo con todos los sectores, incluyendo partidos políticos, plataformas, ciudadanos notables, facultades de Derecho, colegios de abogados, y finalmente modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Náyar hace notar sin embargo que el menos indicado para llevar adelante la reforma de la justicia boliviana es precisamente el ministro Iván Lima, porque es él quien acentuó el carácter persecutorio de la justicia.

De concretarse, la reunión de marzo no será la primera “cumbre” que intenta cambiar la justicia. El propio MAS, cuando Evo Morales era presidente, hizo una reunión de ese nivel en Sucre, pero se desarrolló sin representantes de partidos políticos de oposición ni expertos de la materia. Y no sirvió para nada.

Ahora, la anunciada cumbre de 2022 corre el mismo riesgo: el MAS entiende por acuerdo el llamado a sentarse a la misma mesa a sus aliados, principalmente movimientos sociales, con los que se le da un ropaje de “acuerdo nacional” a conclusiones partidarias que en algunos casos solo sirven para radicalizar aun más las posiciones políticas.

Si ese va a ser el caso de marzo de 2022, el país bien podría ahorrarse los recursos, el esfuerzo y la oportunidad. Si el Gobierno no es consciente de que uno de los mayores problemas de la justicia es el uso político que de ella hacen las propias autoridades nacionales desde el Ministerio de Justicia, de Gobierno y desde la Procuradoría General del Estado, entonces no habría que esperar nada de la cumbre.