El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) emitió un informe sobre el Estado boliviano que recomienda implementar, con un sentido de urgencia, una reforma judicial por la falta de independencia de la justicia. La recomendación se dio luego que una decena de expertos internacionales revisaran la situación de los derechos humanos del país. Al igual que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y otros organismos internacionales de derechos humanos insiste en que la justicia en Bolivia no es imparcial.
A los cuestionamientos de organismos internacionales se suma la desconfianza generalizada en la ciudadanía con la justicia. Este fenómeno impone dificultades a la hora de debatir leyes y definir políticas públicas, por la ausencia de árbitros independientes que generen certezas. Una buena iniciativa legislativa se cae por tierra si el sistema no funciona. En los últimos meses se debatieron varias iniciativas que son minadas por la desconfianza de la ciudadanía con las instituciones del Estado.
El debate de la reforma judicial se reaviva de tanto en tanto. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre los hechos sucedidos en Bolivia el 2019, fue otro llamado de atención sobre ese órgano del Estado. En el extenso documento, entre otros aspectos, se observa el accionar de la justicia boliviana. El efecto fue inmediato, los líderes de oposición y muchos actores de la sociedad civil están hablando del rol que jugaron las instituciones y la necesidad de promover cambios para tener una justicia independiente, que garantice imparcialidad en su accionar y los fallos que pronuncie.
Al inicio de la gestión del presidente Arce uno de los temas que cobró mayor relevancia fue la reforma judicial. Las autoridades de gobierno tomaron la iniciativa de conformar una comisión de asesoramiento para cambiar el sistema de justicia. Han pasado los meses y hasta la fecha los resultados son muy pobres. La justicia sigue dando que hablar, incluso por el propio gobierno que ha trabado un conflicto de poderes, hace algunos meses, a raíz de la designación de vocales departamentales y jueces.
Han pasado más de diez años desde la reforma constitucional y el desarrollo legislativo derivado de ese proceso. Estamos en el momento adecuado para evaluar el desempeño de las instituciones y los resultados alcanzados por el orden impuesto. Es una necesidad revisar los alcances de las reformas y sugerir nuevos cambios que se adecuen al contexto en el que vivimos. Con mucha más razón por encontrarnos en medio de una pandemia, que está cuestionando la eficacia de las políticas públicas en diferentes ámbitos de nuestra vida.
La democracia debe servir para fortalecer las instituciones. La ley tiene que estar por encima de los ciudadanos y los gobernantes. Más allá de las denuncias y los entredichos aquí está en juego la credibilidad de todo el sistema de justicia. El desarrollo de los acontecimientos será determinante para saber la profundidad de los cambios que se pretenden ejecutar y la decisión política para reformar la justicia.
Por lo pronto las señales que recibimos son, cuanto menos, confusas y contradictorias. En las actuales circunstancias no es suficiente que todo cambie para que nada cambie. Necesitamos avanzar y transformar nuestras instituciones con hechos, no sólo palabras. El fin de año es propicio para la reflexión y el análisis de la coyuntura. Entre tanto la presión interna y externa suma y sigue. La última palabra la tiene el partido de gobierno, que tiene la mayoría parlamentaria para impulsar los cambios demandados.