José Luis Saavedra

Los marchistas indígenas retornan a sus comunidades de origen sin haber logrado ser atendidos, menos entendidos, por las autoridades del Estado (llamado) plurinacional. No obstante, hay al menos un par de cuestiones estratégicas emergentes de la Marcha Indígena que queremos destacar en el presente artículo.

La primera tiene relación con el indignante trato que se  ha dado  a los pueblos indígenas. Es irritante el maltrato racista, discriminatorio y profundamente segregacionista que los funcionarios y mandatarios del régimen masiista han dispensado –con profundo odio, vilipendio y desprecio– a la heroica XI Marcha Indígena por el territorio, la identidad y la cultura. Como bien dice el Marcial Fabricano:

“Qué le hemos hecho nosotros al Estado boliviano, qué le hemos hecho nosotros a los políticos de turno, y nos referimos concretamente a los prolongados 14 años de gobiernos pasados y más el actual, que continúa con la humillación,  rechazo, una discriminación racista. El actual sistema de Estado, los actuales órganos de gobierno que están conduciendo nuestro país, no hacen otra cosa que seguir tratando de imponer y de someter al pueblo boliviano y, en el caso particular, a nosotros, a los pueblos indígenas”.

Aunque, la verdad, no es nada extraña esta política racista, segregacionista y radicalmente anti indígena implementada por el régimen del MAS. Desde hace 15 años, se ha intensificado y radicalizado el extractivismo y la depredación de los bienes comunes; inconcusamente expresada en la ampliación de la frontera agrícola (monocultivos, transgénicos y agrotóxicos); la exploración y explotación hidrocarburífera en territorios indígenas y áreas protegidas; la contaminación del suelo, el agua y el aire por los lixiviados de la minería y la cocaína; la deforestación por y para el agronegocio y el tráfico de tierras; la depredación de la biodiversidad y la salvaje devastación de los bosques, parques nacionales y reservas naturales de la biosfera.

Supuesto este contexto brutalmente devastador y catastrófico, además de vandálico y destructor del hábitat natural de los pueblos y comunidades indígenas, ¿se podía esperar un trato medianamente decente de los burócratas del gobierno hacia los marchistas indígenas?, obviamente no. Aquí se impone una lógica esencialmente depredadora, y por demás violenta, aunque graciosamente adornada con una fraseología indigenista.

La segunda tiene relación con que, en medio de esta ofensa u ofensiva gubernamental, es interesante y novedoso que la XI Marcha Indígena de los 34 pueblos del Oriente, Chaco y Amazonia, no se haya limitado a una actitud victimista, sino que más bien se haya animado a enunciar la propuesta más potente de y en este siglo XXI: la constitución del Parlamento Indígena y la consecuente posibilidad de viabilizar la autodeterminación y el autogobierno de las naciones y pueblos indígenas (Art 2 de la CPE).

¿Qué es el Parlamento de las Naciones y Pueblos Indígenas?, ¿por qué y para qué se ha forjado y cuáles son sus perspectivas u horizontes teóricos y políticos?

Sería interesante discurrir en torno a la fundamentación teórica y política del Parlamento, es decir reflexionar acerca de la crisis del Estado-nación, la implosión del llamado Estado plurinacional e incluso las configuraciones post estatales (como la del confederalismo democrático de los pueblos kurdos); pero, por razones de espacio, vamos a limitarnos a glosar el documento emitido por la XI Marcha Indígena.

El Parlamento de Naciones Indígenas es un espacio permanente de deliberación y reflexión política, social, económica y ambiental de las naciones indígenas, sobre el estado de sus territorios, recursos naturales, además de los impactos que provocan los modelos de desarrollo económico y la interacción con las demás culturas del país.

Es una instancia de interpelación a los gobiernos, clase política, sociedad boliviana y a todos los organismos nacionales e internacionales, para revisar y debatir las políticas públicas que tienen repercusiones en la vida de las naciones indígenas y de todos los habitantes del país.

El Parlamento es un lugar de diálogo, de uso de la palabra cultural para afirmar y rectificar los pasos y caminos andados hacia el renacer de las culturas y los pueblos de la Amazonía, Chaco y Oriente de Bolivia.

Y estas son las funciones principales del Parlamento:

- Deliberar respecto de las políticas y prácticas que afectan a los pueblos y naciones indígenas.

- Interpelar a las instancias del Estado, organismos de desarrollo y población en general respecto de las condiciones de vida de las naciones indígenas

- Generar espacios de análisis y reflexión para construir nuevos acuerdos de convivencia armónica, integra y pacífica entre culturas y pueblos

- Proponer medidas y acciones que mejoren las condiciones de vida y el medioambiente en el que vivimos todos

- Evaluar y mejorar el autogobierno en los territorios indígenas y el gobierno del país, los departamentos y los municipios en los que están inmersos los territorios indígenas

-Conformar comisiones de trabajo para debatir, analizar y definir políticas y programas de acción en beneficio de los pueblos y naciones indígenas

- Diseñar estrategias de desarrollo con identidad cultural para las distintas naciones y pueblos indígenas en beneficio del fortalecimiento cultural.

Como podemos percibir, estamos ante una propuesta realmente potente, auténticamente democrática y profundamente descolonizadora. Más aún, por primera vez en más de 15 años de sometimiento corrupto y prebendario de las organizaciones sociales, ahora tenemos una configuración organizativa –como es el Parlamento de las Naciones Indígenas– genuinamente indígena y emergente desde las mismas bases comunarias y territoriales en proceso de lucha, resistencia y movilización.

José Luis Saavedra / Profesor de Teoría y Política Poscolonial