Después de más de un año de grandilocuentes anuncios sobre una reforma judicial que nunca pasó del discurso, todo indica que, en realidad, ese es un asunto que no está en la lista de prioridades del gobierno. Por el contrario, el interés apunta a mantener un sistema subordinado al Ejecutivo, incluso más que antes, en oposición a las recomendaciones de organismos tan prestigiosos como el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) y el CAT (Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura).

No otra cosa se puede deducir de dos hechos que dieron la anterior semana: la posesión de una exministra de Evo Morales como fiscal departamental de Tarija y la presentación de un proyecto de ley para que el presidente sea quien, en adelante, encamine el nombramiento de los directores de la Escuela de Jueces del Estado y de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Órgano Judicial.

Hasta ahora, tal como dispone la Ley 025 del Órgano Judicial, esas designaciones son atribución del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura y lo que quiere el Ejecutivo es que, a futuro, sea el presidente quien envíe las ternas para que la elección se realice en la Asamblea Legislativa, donde el Movimiento Al Socialismo tiene mayoría. O sea, que el oficialismo decida sobre estos dos cargos.

La Escuela de Jueces es la responsable de la formación y capacitación técnica de las servidoras y servidores públicos judiciales y la DAF es la responsable del manejo de los recursos económicos y financieros del Órgano Judicial.

El MAS quiere meter las manos en la designación de las cabezas de ambas instituciones y de esta manera, obviamente, controlarlas. Ya conocemos cómo funciona la fórmula, por ejemplo, en el caso de la Defensoría del Pueblo o de la cúpula policial.

No sólo eso, haber cubierto con una exfuncionaria del gobierno del MAS el cargo que dejó un fiscal argumentando que recibió presión política y que no se doblegará ante ella, sólo aumenta los indicios sobre el copamiento oficialista del Órgano Judicial.

Además de Sandra Gutiérrez, que ahora ocupa el cargo de fiscal de Tarija, también están observados por su afinidad con el oficialismo el de La Paz, Mario Alave, y el de Santa Cruz, Róger Mariaca, además del propio fiscal general, Juan Lanchipa.

Alave fue abogado y luego gerente de la estatal YPFB, Mariaca fue abogado de una jerarca del MAS y actuó con celeridad contra los cívicos que llevaron adelante el paro contra la Ley 1386, mientras que Lanchipa fue nombrado por Morales como cabeza de la estratégica Diremar.

Con estos antecedentes, es válido pensar que los anuncios de reforma judicial que hizo el ministro del área durante todo este año tuvieron en realidad un fin distractivo, ya que, claro está, al gobierno no le interesa la independencia judicial.