“No es venganza, es justicia”, repiten los seguidores del MAS, junto con la narrativa de que en Bolivia hubo un golpe de Estado en 2019. Pero las acciones, de la mano con la Policía y el Ministerio Público, tal cual ocurrió durante el gobierno de Jeanine Áñez, se parecen mucho a la venganza, no a la justicia.

Veamos lo que está pasando en el país, todavía en noviembre y después de los recientes sucesos del paro nacional que logró la abrogación de la Ley 1386.

Desde entonces y hasta ahora, hay dirigentes opositores detenidos en Potosí y en Riberalta, mientras que los grupos de choque del MAS, que desbloquearon usando la fuerza en la Villa Imperial, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y otras regiones, permanecen en la impunidad. Se ha dicho que existen evidencias de que esa violencia estuvo fomentada desde niveles oficiales.

En Potosí, el mismísimo presidente de la Asamblea Legislativa Departamental encabezó los grupos de choque y en Santa Cruz utilizaron camionetas requisadas al narcotráfico y en custodia de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi). En este último caso, no se informa de avances en las investigaciones y ni siquiera hubo una explicación del director de esa entidad dependiente del Ministerio de Gobierno.

En el caso particular de la ciudad oriental, en las últimas semanas se desató una lluvia de denuncias contra el presidente del Comité pro Santa Cruz, e incluso se lo ha dejado sin fuente laboral, precisamente, después del paro contra la mencionada ley.

Por otro lado, en la sede del gobierno, un dirigente del MAS reveló que se han organizado 76 grupos para desbloquear, y allá se ejerció violencia, pero quedó sin investigación ni sanción.

En resumen, se está castigando la protesta, pese a que es un derecho establecido en la Constitución Política del Estado, pese a que la protesta fue el caballito de batalla de Evo Morales y de otros políticos del MAS que comenzaron siendo dirigentes sindicales y supieron hacer respetar, en las carreteras y en las calles, los derechos de sus bases.

Hoy en día, a los opositores que bloquean les dicen golpistas que perjudican la economía nacional, pero ese juicio no se aplica a los efectos de la marcha convocada por el jefe del MAS y que vació ayer las dependencias del Estado en la sede de gobierno.

A lo anterior se suman las amenazas a la prensa independiente. Se criminaliza la protesta que cuestiona al oficialismo y el Estado apoya una multitudinaria marcha masista en “apoyo” al Gobierno y “defensa de la democracia”. ¿De qué amenaza? Y ¿qué democracia?