El Movimiento Al Socialismo, con la aprobación del proyecto de Ley 212 que busca la modificación de la Ley del Órgano Judicial, allanaría el camino para tomar el control total de este poder del Estado, según el senador de Comunidad Ciudadana Rodrigo Paz Pereira.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia, a través de un comunicado, señaló que el mencionado proyecto no se encuentra en agenda y que se presentó en la anterior legislatura.

Entre algunas de las modificaciones que contiene la ley está la facultad que otorgaría a la Asamblea de nombrar al director de la Escuela de Jueces de la terna aprobada por el Presidente del Estado y del Director Administrativo y Financiero. 

Con esta ley, el Gobierno pretende dar un paso más hacia su objetivo de controlar todos órganos del Estado. La independencia de los poderes del Estado no estaría garantizada, lo que contraviene la determinación de la Constitución Política del Estado (CPE).

Paz Pereira aclaró que el documento se encuentra en la Cámara de Diputados y que no se consideró, pero que está en espera.

“Con esto, el Movimiento Al Socialismo (MAS) cerraría el círculo, porque ya el Tribunal Supremo Electoral (TSE) básicamente está coptado; el Parlamento, al quitar los dos tercios, está coptado; en el tema de la justicia, está semicoptada, y con esto cerraría el círculo, el Ejecutivo ya está en sus manos”, señaló Paz Pereira.

El asambleísta nacional explicó que en el documento se observan por lo menos tres artículos que ponen en cuestionamiento la independencia de poderes.

El proyecto enviado el 8 de junio de 2021 por el presidente Luis Arce plantea la modificación de la Ley 025 de 24 de junio de 2012, del Órgano Judicial, en diferentes artículos.

Entre éstos se contempla el artículo 221 sobre la designación del director de al Escuela de Jueces del Estado.

“Será designada o designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por mayoría absoluta de votos de los presentes de la terna ‘propuesta por el Presidente del Estado’, quien tendrá un periodo de funciones de seis años”, refiere.

Otro de los articulados observados es el 227 sobre la designación del director de la Dirección Administrativa y Financiera.

También será designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional por mayoría absoluta de votos de los presentes de la terna propuesta por el Presidente del Estado, con funciones por seis años.

“El Director de la Escuela de Jueces, dentro del poder supuestamente independiente de la justicia, es quien determina el ingreso de abogados para la formación de jueces. Una vez se lleva adelante donde haya carencias de jueces, ese director dispone de esos espacios. Es una dirección muy importante y poderosa”, indica el legislador.

Agregó que la otra instancia, que también se define a propuesta del Presidente, también es fuerte, toda vez que será quien administre los recursos económicos.

Por otra parte, expresó su preocupación por un tercer aspecto que se relaciona con la baja de los jueces, toda vez que ya no se tendría juicios con debido proceso.

“Se tienen meras evaluaciones, entonces, si se repone la norma y aprueba en Diputados y Senadores, esto en 90 días, una vez promulgada, los jueces tendrán que ir a dar un examen y ese examen depende quién evalúe se queda o no de juez. Se ve la injerencia del Órgano Ejecutivo a través del Poder Legislativo”, detalló.

Artículos que modifica el 212 

El proyecto de ley que se encuentra en Diputados está integrado por apenas dos artículos, pero que modifica 13 artículos de la Ley del Órgano Judicial: 112, 121, 149, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 227 y 230.

El documento también plantea cambios a la Ley de la Abogacía en sus artículos 36 y 47 que se refieren a las denuncias contra los abogados y la forma de sustanciarlas. El artículo 36 establece que en el nivel departamental los tribunales que atiendan estos casos estarán conformados por personal del Ministerio de Justicia y de los colegios de abogados departamentales en igual número. 

Organismos piden la independencia en justicia

Durante esta gestión, organismos internacionales observaron la falta de independencia de la justicia y que ésta responda por intereses políticos en favor del Órgano Ejecutivo. 

“Fue el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en su reciente informe sobre la violación de Derechos Humanos en Bolivia en 2019, alerta sobre esta falta de independencia del Órgano Judicial y del Ministerio Público y recomienda su pronta reestructuración”.

En el capítulo referido al tema judicial, señala: “Pese al desarrollo normativo en la materia, el GIEI advierte que persiste una falta de independencia de la administración de justicia como problema estructural en Bolivia. La observación del funcionamiento del sistema de justicia permitió notar que magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos, como se evidencia en el análisis de las investigaciones y los procesos judiciales a lo largo del informe”. 

En noviembre, durante el informe que brindó Bolivia ante el Comité Contra la Tortura, lamentó la “instrumentalización política de la justicia ha debilitado su independencia”, además de la necesidad que existe de modificar ilícitos o delitos y adecuarlos a la normativa internacional.