El Gobierno de Bolivia "respondió con su indiferencia" a las peticiones de los indígenas de tierras bajas, denunció uno de sus líderes Marcial Fabricano, quien dijo a Efe que tras marchar 37 días y esperar por más de dos meses un contacto con el presidente Luis Arce, retornarán a la ciudad amazónica de Trinidad.
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Tras caminar 37 días y esperar por más de dos meses un contacto con el presidente Luis Arce, retornarán a Trinidad.
El Gobierno de Bolivia "respondió con su indiferencia" a las peticiones de los indígenas de tierras bajas, denunció uno de sus líderes Marcial Fabricano, quien dijo a Efe que tras marchar 37 días y esperar por más de dos meses un contacto con el presidente Luis Arce, retornarán a la ciudad amazónica de Trinidad.
Los indígenas de tierras bajas iniciaron una marcha desde Trinidad el 24 de agosto y llegaron el 1 de octubre a la ciudad de Santa Cruz tras haber recorrido unos 555 kilómetros para presentarle al Gobierno sus demandas contra el avasallamiento de sus territorios y por el respeto a su cultura.
Fabricano manifestó que el Estado boliviano "respondió con su indiferencia, con su desprecio, con su silencio" y con "falta de voluntad" a los más de 500 integrantes de la marcha, que pernoctaron por dos meses en los predios de una universidad estatal.
Insistirán en su reclamo
La principal exigencia de estos pueblos amazónicos y de la Chiquitania fue la defensa de sus territorios, sus recursos renovables y no renovables así como de su identidad cultural.
El principal problema que plantean es el avasallamiento, sobreposición y creación de nuevos asentamientos en sus territorios por parte de los llamados "interculturales" que son grupos de campesinos quechuas o aimaras del altiplano o los valles andinos, en la mayoría de los casos pertenecientes a organizaciones afines al Gobierno.
También está la superposición cultural de esos grupos que asientan sus costumbres y su idioma por sobre las comunidades nativas.
Fabricano aseveró que no hay "resentimiento" a pesar de que constataron que "no hay voluntad" de parte del Gobierno para atender sus demandas, pese a las solicitudes escritas que hicieron para reunirse con el presidente Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, y los líderes del Senado y la Cámara de Diputados.
"Quedamos como estamos, tranquilos y sin frustraciones, lo encontramos como oportunidad para dirigir nuestras determinaciones" a través de la instalación de un Parlamento Indígena de tierras bajas que es "la única (instancia) interlocutora válida" que tomará la representación más adelante, dijo.
Desencuentro con el Gobierno
El dirigente lamentó la importancia que el Gobierno dio a la marcha que encabezó el expresidente Evo Morales con organizaciones oficialistas en respaldo a la Administración de Arce y que se contrapuso a la que efectuaron los indígenas del oriente del país que permanecieron en espera.
"Esa es su decisión, su actitud. Esa es su manera de gobernar a quienes no comulgan con su régimen", remarcó Fabricano.
El Gobierno boliviano argumentó que la marcha carecía de un "pliego petitorio" al estilo de las organizaciones sindicalizadas del occidente del país, y que por eso no la podía atender.
Luego estableció una relación entre esa movilización y el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, señalado como uno de los responsables del "golpe de Estado" que considera el Ejecutivo se dio durante la crisis política de 2019.
Precisamente esas alusiones salieron a luz durante los discursos de líderes sindicales durante la llegada de la marcha oficialista el pasado lunes a La Paz.
"Es la típica actitud y manera de expresión de la politiquería (...) de gente que se acostumbró a vivir de la mamadera del Estado", expresó Fabricano.
Esta movilización, a diferencia de otras de años anteriores en la década de 1990 y otras dos en 2011 y 2012, que se oponían a la construcción de una carretera por una reserva natural, esta vez no se dirigió a La Paz, sede del Ejecutivo y el Parlamento, sino a Santa Cruz como una protesta contra el modelo centralista del país.
En Bolivia existe una tensión persistente por la distribución de tierras asignadas por el Gobierno y el reclamo de algunas gobernaciones como la cruceña que se ha opuesto a nuevos asentamientos.
