Página Siete  / La Paz

La designación de la exministra del gobierno Evo Morales,  Elizabeth Sandra Gutiérrez, como fiscal departamental de Tarija puso en cuestión la imparcialidad del Ministerio Público y al igual que ella, también fueron puestos en la mira los fiscales de distrito de La Paz y Santa Cruz. Además, el mismo fiscal general tuvo cercanía con el expresidente Evo Morales y su secretario general, Edwin Quispe, fue asesor jurídico en el Ministerio de Medio Ambiente durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El miércoles, Lanchipa posesionó a Gutiérrez en lugar de Wilson Tito, quien denunció presiones políticas   de dirigentes y autoridades. En tal sentido, la designación de Gutiérrez provocó cuestionamiento por parte de la oposición, debido a que ella fue ministra de Justicia y viceministra de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor en el gobierno de Morales, entre 2013 y 2015.

Gutiérrez minimizó las críticas y aseguró que su compromiso es realizar un “trabajo imparcial” que “el pueblo sabrá juzgar” en su momento.

“Mi compromiso es un trabajo imparcial y objetivo, tal y como lo establece la ley. Lo demás, que los políticos quieran hacer protagonismo, lo dejo ahí, el pueblo es sabio, la sociedad es sabia, ellos sabrán juzgarme en su momento”, dijo Gutiérrez en entrevista con la red Erbol.

Róger Ríder Mariaca Montenegro, fiscal departamental de Santa Cruz, es otro de los cuestionados por diferentes instancias cruceñas de “parcializarse con el MAS”, ya que en recientes casos actúa con celeridad para con los cívicos que llevaron adelante un paro contra la Ley 1386, la cual ya fue derogada, pero no hay avance contra los avasalladores armados y grupos de choque vinculados al partido de gobierno, pese a que hay personas identificadas.

“El fiscal de Distrito tiene una parcialización y se ha olvidado de las instituciones cruceñas y lo que representa el Comité Pro Santa Cruz y su presidente”, señaló hace unos días Martín Camacho, abogado de dicho comité, en alusión a procesos abiertos, a denuncia de militantes del MAS  en contra del líder cívico Rómulo Calvo.

Además, Mariaca, antes de asumir el cargo, firmó como abogado defensor de la familia Candia-Castedo en un caso de narcotráfico en el que fueron involucradas Mayerling Castedo Molina y su hija. Castedo Molina fue fiscal de materia, exsecretaria de Desarrollo Humano en la gestión del gobernador Alex Ferrier, candidata al Tribunal Supremo de Justicia por  Beni. Fue considerada como una “alta jerarca” del MAS.

En otro caso,  el fiscal departamental de La Paz, William Alave, retornó a la Fiscalía en abril de este año, luego de haber dejado el cargo en febrero de 2020. Alave trabajó en gran parte de los 14 años del gobierno de Evo Morales en la justicia y en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Entre 2007 a 2012, ocupó diferentes cargos en  la Fiscalía y el Órgano Judicial. En 2014 se desempeñó como profesional abogado IV y al año siguiente (2015) asumió la gerencia legal corporativa de YPFB, en la gestión de Guillermo Achá, quien fue echado por Evo Morales en 2017, pero beneficiado por la justicia con detención domiciliaria, en el denominado caso taladros.

Para los legisladores de Comunidad Ciudadana y Creemos la designación de una exministra como fiscal de distrito y los otros casos solo reflejan la falta de independencia y que la Fiscalía se usa para “ejecutar intereses del MAS”. En cambio, en el MAS piden respeto a los nombramientos que hizo el fiscal general.

Fiscalía general

• Lanchipa El fiscal general  Juan Lanchipa es considerado un hombre cercano a Evo Morales, ya que fue el gobierno del MAS que lo nombró como cabeza de Diremar, además de ocupar cargos en el Órgano Judicial.    
• Quispe El secretario de la Fiscalía General, Edwin Quispe, fue director general de asuntos jurídicos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua entre 2015 y 2017, en el gobierno de Morales.