El proyecto del Ley 212, presentado en junio por el presidente Luis Arce ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), propone la modificación de varios artículos de la Ley 025 de Control del Órgano Judicial, entre ellos la forma de designar al titular en dos puestos clave, se trata de los directores de la Escuela de Jueces del Estado y la Dirección Administrativa Financiera (DAF).
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El senador Rodrigo Paz pide que se retire la propuesta para evitar un nuevo “golpe a la democracia” por parte del MAS. Franco Albarracín considera que es parte de la estrategia para controlar la justicia.
Magistrados del TSJ junto al ministro de Justicia, Iván Lima, en una anterior reunión en Sucre. Foto: AJN.
El proyecto del Ley 212, presentado en junio por el presidente Luis Arce ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), propone la modificación de varios artículos de la Ley 025 de Control del Órgano Judicial, entre ellos la forma de designar al titular en dos puestos clave, se trata de los directores de la Escuela de Jueces del Estado y la Dirección Administrativa Financiera (DAF).
De acuerdo al texto con el que se pretende modificar dicha ley, en los artículos 221 y 227, Arce quitaría las atribuciones de designaciones al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Consejo de la Magistratura. También elimina a los directorios de la Escuela de Jueces y de la DAF.
La propuesta enviada por Arce supuestamente “garantiza el acceso y administración de justicia pronta, oportuna, gratuita y transparente con independencia y autonomía, mediante la modificación de la Ley 025”, que aún está vigente. En la “exposición de motivos” el Presidente admite que no se han cumplido las disposiciones y plazos establecidos en la Ley 1173 (de abreviación procesal penal).
Cambios cuestionados
El texto original del artículo 221 de la Ley 025, de 24 de junio de 2010, señala que: “I. El TSJ, ejercerá tuición sobre la Escuela de Jueces del Estado. II. Estará conformada por un directorio y una directora o director. III. El directorio estará constituido por tres miembros: 1. La o el presidente del TSJ; 2. la o el decano del TSJ; y 3. la o el presidente del Tribunal Agroambiental”.
En su parágrafo cuarto, se menciona que “la directora o el director de la Escuela de Jueces del Estado será designada o designado por la sala plena del TSJ de ternas propuestas por el Consejo de la Magistratura y es la máxima autoridad ejecutiva de dicha entidad”.
En cambio, en el proyecto de Ley 212, enviado por Arce en junio de este año al vicepresidente David Choquehuanca, en su calidad de presidente nato del Legislativo, el artículo 221 de la Ley 025 quedaría modificado de la siguiente manera:
“(Designación). I. La directora o director es la máxima autoridad ejecutiva de la Escuela de Jueces del Estado, quien será designada o designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional por mayoría absoluta de votos de los presentes, (elegidos) de la terna propuesta por el Presidente del Estado, quien tendrá un periodo de funciones de seis años improrrogables a partir de su posesión por la presidenta o el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
En el caso del artículo 227, el texto vigente de la Ley 025 señala que la DAF estará a cargo del TSJ, conformada por un directorio y un director. A su vez, dicho directorio estará constituido por el presidente y el decano del TSJ, y el presidente del Tribunal Agroambiental.
“La directora o el director general administrativo y financiero será designada o designado por la sala plena del TSJ de ternas propuestas por el Consejo de la Magistratura y es la máxima autoridad ejecutiva de la dirección”, señala la última parte del artículo 227, aún vigente.
La modificación sugerida por Arce señala que la designación del director de la DAF estará a cargo de la “Asamblea Legislativa por mayoría absoluta de votos de los presentes de la terna propuesta por el Presidente del Estado, quien tendrá un periodo de funciones de seis años a partir de su posesión por el presidente de la Asamblea Legislativa”.
Control de la justicia
Según la denuncia del senador de Tarija Rodrigo Paz el gobierno del MAS pretende tener mayor control sobre la justicia a través del proyecto de Ley 212 que supuestamente “garantiza el acceso y administración de justicia pronta, oportuna, gratuita y transparente con independencia y autonomía, mediante la modificación de la Ley 025, de 24 de junio de 2010, del Órgano Judicial”. Sugirió retirar este proyecto debido a que no fue concertada por los sectores involucrados.
El Ministerio de Justicia emitió un comunicado señalando que Paz mentía debido a que el proyecto de Ley 212 no está en agenda de ninguna de las comisiones de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, Paz afirmó que se debe alertar a la población y exigir que dicha propuesta sea retirada, pues aún es posible que a sola petición de un legislador del MAS esta se reponga para su tratamiento en alguna comisión, y “en menos de tres días” se la pretenda aprobar, como ya ha pasado en otros casos.
Piden retirar proyecto para evitar otro “golpe a la democracia”
El senador por Comunidad Ciudadana (CC) Rodrigo Paz señaló que con el proyecto de Ley 212, enviado por el presidente del Estado, Luis Arce, el MAS pretende dar un nuevo “golpe a la democracia”.
“Mi acción fue dar una alerta nacional sobre la posibilidad de que el MAS pretenda reponer este proyecto (212), por lo cual en tres días estos señores podrían aprobar algo que yo considero es un golpe a la democracia a través del monopolio de la justicia boliviana, que pasará al control del Ejecutivo”, afirmó Paz en contacto con Página Siete.
Para el legislador, el hecho de que Arce pretenda designar autoridades en el Órgano Judicial se constituye en otra razón por la cual no se puede confiar en los operadores de justicia, pues alejados de la ley e influenciados por criterios partidarios se pretende “dirimir en todos los aspectos de la convivencia social de la sociedad”.
“Si el gobierno tiene control de todos los jueces de todo el país, tu controlas la modalidad y el formato de democracia. Y cuando quieras (el gobierno) podrás determinar si hubo fraude (electoral), si hubo golpe (de Estado), sedición y terrorismo”, lamentó Paz.
Asimismo, para el experto en derechos humanos del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) Franco Albarracín dicha norma “es parte de la estrategia del gobierno, para controlar aún más el Órgano Judicial” y eliminar a operadores que en determinados sectores no acatan sus instrucciones.
Arce vuelve a tropezar con la misma piedra del abuso y la imposición. En su proyecto de Ley 212 es él el que nombra a los jueces
Senador Rodrigo Paz
Garantiza acceso a la justicia pronta, oportuna, gratuita y transparente con independencia y autonomía
