La tensión política ha vuelto al país a partir de los discursos altisonantes que se pronunciaron luego de la marcha del Movimiento Al Socialismo (MAS) y, días más tarde, con el acoso al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en Tarija, en una clara muestra de intolerancia.
La tregua virtualmente decretada por las fiestas de fin de año duró menos que un suspiro. Ayer, en la capital chapaca, llegaron a los puños en plena plaza principal. Y las persecuciones contra Camacho se prolongaron por dos días. (En este caso fueron contra él, pero pudieron haber sido contra cualquier otro, del oficialismo o de la oposición, y todas igualmente hubiesen merecido la misma censura).
¿Qué está pasando en el país? ¿Por qué ese nivel de impunidad? ¿Todo está permitido cuando de intolerancia política se refiere? Por otro lado, ¿hasta cuándo los dirigentes de partidos y de organizaciones sindicales van a dirigirse a sus bases con discursos de odio y de confrontación? ¿Cuándo van a entender —si acaso lo hicieran alguna vez— que, con esas formas violentas de usar la palabra, solo están fomentando el enfrentamiento entre hermanos bolivianos?
Las amenazas al departamento de Santa Cruz, de nacionalizar empresas privadas, solo porque están en contra del accionar del presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, a quien, por otro lado, se persigue también vía judicial, no son correctas. Ese no es un mensaje apropiado para un país democrático, tal como lo ha hecho notar la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), porque, lógicamente, los inversionistas extranjeros desconfiarán de él.
Tampoco es justo que todo el pueblo cruceño pague con una actitud antidemocrática el precio de las apreciaciones de un dirigente. La Central Obrera Boliviana (COB), que lanzó la referida amenaza, y el MAS, uno de cuyos diputados respaldó esa propuesta, no reparan en el hecho de que sus propios acólitos se perjudicarían en ese departamento con una idea tan arbitraria como irrazonable.
Lo de Tarija llegó al punto de que seguidores del MAS se atrevieron a cerrar el aeropuerto Oriel Lea Plaza con tal de impedir que Camacho abandone esa ciudad del sur del país. ¿Dónde está el Estado que no actúa contra esa ilegalidad del tamaño de una terminal aérea?
En cambio lo que pasó tras la multitudinaria marcha de seguidores del partido oficialista de Caracollo a La Paz ya, lamentablemente, pasó a formar parte del folclore de la política nacional. Por lo tanto, se constituye en un problema grave al estar arraigado entre quienes tienen la responsabilidad de dirigir a sus bases, ya sean del partido o de la organización sindical.
Tales responsables se transforman así rápidamente en irresponsables, por el mal empleo de las alocuciones que hacen ante grandes masas de gente a las cuales —de manera muy peligrosa— engendran odio, violencia y, en ocasiones también, racismo.
La marcha en sí misma no tenía razón de ser, solamente se justifica como un acto de provocación. Después llegó la verborrea de Evo Morales y del dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, que sirvió para echar leña al fuego de los últimos meses y que se creía apagado —al menos por este fin de año y a razón de las fiestas—, pero está quedando demostrado que no es así.
Si algo les está faltando a esta clase de dirigentes políticos y sindicales es prudencia, cautela. Pero tampoco se les puede pedir tanto si, por lo general, su accionar gira en torno a la hostilidad y no, como debería ser, con el norte de la paz social o el encuentro entre los que piensan diferente. Pensar diferente, en el país, se ha vuelto un pretexto para ser discriminado e incluso perseguido. Algo que, de una u otra manera, ya ha sido denunciado también por organismos internacionales a partir del encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Áñez.
Ha comenzado diciembre de la peor forma y la sociedad consciente espera del Gobierno o de quienes estén detrás de él, por lo menos, un poco de respeto a la institucionalidad y a la democracia; respeto a todas las voces y no solamente a las que responden a una línea política.
