La Fiscalía presentó la acusación formal en contra de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez por el caso denominado «golpe de Estado II» y la defensa de la exmandataria criticó que se realizara el proceso bajo la vía ordinaria y que esa decisión carece de fundamentos jurídicos.

Una comisión de fiscales de la ciudad de La Paz presentó la acusación formal en contra de Áñez por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes en el marco del caso denominado «golpe de Estado II», informó este martes la Fiscalía General del Estado.

El secretario general de la Fiscalía del Estado, Edwin Quispe, explicó que la comisión de fiscales luego de realizar la «investigación» y el «análisis» de las evidencias testificales como documentales concluyó que hay los elementos suficientes para la acusación.

«Se ha logrado establecer que existen los elementos suficientes que dan cuenta de que la señora Jeanine Áñez hubiera adecuado su conducta a esos tipos penales», indicó Quispe

Agregó que el Ministerio Público presentó al menos 70 pruebas y que ahora con esta acusación formal se concluye la etapa preliminar de la investigación y ahora se realizará el juicio oral correspondiente.

«Los casos golpe I y II tienen que ver con las acciones atribuidas a la señora Jeanine Áñez antes de que sea autoproclamada presidenta del Estado», enfatizó Quispe.

Áñez se encuentra detenida preventivamente en una cárcel en La Paz por el caso «golpe de Estado I» en el que se la acusa de sedición, conspiración y terrorismo por la crisis política y social que Bolivia vivió en 2019 tras las elecciones fallidas.

En julio se dividió el caso en dos ampliando los cargos por incumplimientos de deberes y resoluciones contra la Constitución por la forma en la que accedió a la Presidencia tras la renuncia de Evo Morales denunciando un supuesto «golpe de Estado» en su contra.

Inicialmente la exmandataria transitoria debía cumplir su detención preventiva por cuatro meses que se extendió a seis y luego se amplió a otros seis meses por el caso «golpe de Estado II».

En el caso «golpe de Estado II» están acusados Áñez, el excomandante de las Fuerzas Armadas William Kaliman, el excomandante de la Policía Yuri Calderón, el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Terceros, entre otros.

La defensa de Áñez

La defensa de Áñez manifestó que la acusación en contra de la exmandataria transitoria es «totalmente vaga y abstracta» y que no se han realizado varias inspecciones técnicas oculares, y que tampoco se tomaron las declaraciones de otros investigados.

Además que la defensa pidió varios informes al Senado, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, la Defensoría del Pueblo, entre otros, comentó la abogada Norka Cuéllar en conferencia de prensa.

Cuéllar sostuvo que no se puede utilizar las declaraciones de Áñez de junio por otro caso cuando en julio inició el caso «golpe de Estado II».

Por su parte, el abogado Luis Guillén indicó que tienen que haber los «elementos probatorios suficientes» para respaldar la acusación» y que las mismas no pueden resolverse en un tribunal ordinario.

«Esta tarea no la puede realizar un tribunal ordinario, vamos a crear un caos jurídico porque es una labor conforme a la Constitución Política del Estado, le corresponde a un Tribunal Constitucional», expresó Guillén.

Además refirió que el Ministerio Público no realizó los «actos investigativos» a pesar de que Áñez estaba en detención preventiva y que ahora que existe una acusación corresponde que se emita de oficio el mandamiento de libertad.

De la misma forma, en las redes sociales de Áñez indicaron que el objetivo es de «condenarla a cualquier precio» y que «no les importa la independencia del Órgano Judicial».

«Jeanine Áñez es el chivo expiatorio de un proyecto totalitario en contra de Bolivia, la libertad y la unión», señala el mensaje en las redes de Áñez.

La exmandataria también enfrenta otro proceso en la vía ordinaria por una supuesta designación irregular de una funcionaria en una entidad estatal durante su gestión, además el Parlamento analiza varios juicios de responsabilidades en contra de Áñez.