En la acusación de 31 páginas firmada por los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zabala y basada en  la declaración de 19 testigos y 70 “pruebas documentales”, la Fiscalía pidió 10 años de condena para la expresidenta Jeanine Añez y ocho exjefes militares y policiales por el caso de supuesto “golpe de Estado II”.

“El Ministerio Público ha solicitado la pena máxima, que son 10 años, pero eso ya será una decisión del Tribunal de Sentencia en el cual se ha sorteado este caso”, señaló la fiscal Zabala.

Añez y los exjefes militares Williams Kaliman, Jorge Fernández Toranzo, Sergio Orellana,  Flavio Arce, Jorge Terceros, Palmiro Gonzalo Jarjury, Jorge Pastor Mendieta, además de Yuri Calderón, excomandante de la Policía, todos fueron acusados  por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.

“Una colección de evidencias tanto testificales (19) como documentales (70), así como las pericias correspondientes ha logrado establecer que existen los elementos suficientes que dan cuenta de que la señora Jeanine Añez Chávez hubiera adecuado su conducta a esos tipos penales”, dijo ayer el secretario de la Fiscalía General, Edwin Quispe.

También adelantó criterio sobre la investigación. “Los casos golpe I y golpe II tienen que ver con las acciones atribuidas a la señora Jeanine Añez antes de que sea autoproclamada presidenta”, señaló al momento de justificar del porque no se procesó a Añez en juicio de responsabilidades.

En la acusación formal, los fiscales sostienen que existió complicidad entre Añez, los comandantes de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Boliviana para lograr que ella se “autoproclame” como presidenta el Estado.

Asimismo, los fiscales Mejillones y Zabala no citan los múltiples hechos violentos y muertes que se registraron antes de la renuncia de los entonces presidente y vicepresidente, Evo Morales y Álvaro García, y en medio de las denuncias de fraude electoral atribuidas al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Al contrario, para justificar la acusación, los fiscales citaron como uno de sus testigos principales  a quien fue procesado por estafa y extorsión, Antonio de la Fuente, quien sin tener ningún cargo en la función pública dio una relación de hechos subjetivos sobre el tipo de procedimientos que debió seguir la Asamblea Legislativa y la OEA.

En anteriores entrevistas, De la Fuente admitió no ser experto ni tener instrucción académica sobre temas electorales o procedimientos camarales.

Por otro lado, los fiscales también afirmaron que los exjefes militares y de la Policía actuaron en complicidad para hacer que Añez llegue a la sesión del 12 de noviembre y que de manera ilegal le impusieron los símbolos presidenciales.

Sobre ese punto, el abogado Eusebio Vera, defensa de los exjefes militares Jorge Terceros y Palmiro Jarury, rechazó esa versión y recordó que en las declaraciones de sus clientes se explicó que el comunicado con la sugerencia de renuncia a Morales, leído el 10 de noviembre de 2019 por excomandante de las FFAA William Kaliman, fue una decisión asumida de forma unilateral sin consulta previa a sus defendidos.

Asimismo, sobre la imposición de la banda presidencial a Añez, Vera citó la declaración del entonces jefe de la Casa Militar, Milton Navía, quien reveló que la banda y medalla presidencial fueron a dar a manos de Jeanine Añez el 12 de noviembre de 2019, por “previsión y protocolo”, después de la renuncia de Morales. En criterio de la defensa, esto contradice por completo la versión de los fiscales.

En el pliego acusatorio, los fiscales pidieron la pena máxima para los nueve acusados. También solicitaron una auditoría sobre el proceso de compra de combustible para aeronaves usadas en esas fechas y calcular el costo del traslado de Añez desde el Beni hacia La Paz.

Por su parte, el abogado de la expresidenta, Alain De Canedo, indicó que la acusación es inconstitucional, por lo tanto, da lugar a una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos.

“El artículo 196 de la Constitución Política del Estado señala que la única instancia para interpretar un asunto constitucional, en este caso una sucesión constitucional o no, es el Tribunal Constitucional. No puede ser éste, por ende, interpretado por jueces y fiscales ordinarios y menos llevar un tema penal”, explicó el jurista.

Los casos golpe I y golpe II tienen que ver con las acciones atribuidas a  Jeanine Añez antes de que sea autoproclamada presidenta

Edwin Quispe

Evidencias tanto testificales (19) como documentales (70), han logrado establecer que existen los elementos suficientes

Edwin  Quispe