La Fiscalía pedirá en el juicio oral la pena máxima de 10 años de cárcel contra la expresidente Jeanine Áñez, por haber asumido en noviembre de 2019 la Presidencia del Senado, lo que derivó en la toma de la Presidencia de Bolivia, sin haber cumplido con los requisitos constitucionales y el Reglamento de Debates.

La fiscal Lupe Zabala informó que la expresidenta está acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes en el caso Golpe de Estado II, que es la ampliación del proceso Golpe de Estado I, planteado por la exdiputada del MAS Lidia Patty.

“En este caso han sido acusados por los delitos de carácter ordinario, delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, debido a los hechos suscitados en noviembre de 2019. El Ministerio Público ha solicitado la pena máxima que son 10 años”, informó.

La determinación se da en el marco de la presentación de la acusación formal contra Áñez, quien se encuentra en la cárcel desde marzo, primero por el caso Golpe de Estado I y posteriormente por el denominado proceso Golpe de Estado II.

Según la investigación, Áñez tomó la presidencia del Senado en una sesión sin quórum y siendo de la fuerza minoritaria, contrario a lo que fija el Reglamento de Debates, otorgar la Presidencia a la fuerza mayoritaria, en ese caso el MAS. Luego, se autoproclamó Presidenta de Bolivia en una sesión legislativa sin quórum.

Desde su cuenta en Twitter, la expresidenta cuestionó el lunes la acusación formal en su contra. “El objetivo es condenar a #JeanineAñez a cualquier precio. No les importa la independencia del Órgano Judicial, el derecho del pueblo a protestar por el fraude que cometió el MAS, comprobado por la OEA; no les importa haber instigado a la violencia ni destruir el país”, sostuvo.

El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, aseguró este martes que se logró recolectar más de 70 pruebas y una veintena de testimonios contra la exsenadora y expresidenta, quien asumió el poder como resultado de reuniones de cívicos y líderes de la oposición tras la dimisión de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.

Morales dimitió acorralado por protestas cívicas que denunciaban fraude electoral en las justas de octubre de ese año, apoyadas en un informe de la OEA y que posteriormente fue puesto en duda por peritos externos, un motín policial y la “sugerencia” militar de dejar el cargo.

“En ese sentido, con esta acusación se concluye lo que es la parte de la etapa preliminar del proceso de investigación para ya atender lo que va a ser la instancia del juicio oral correspondiente”, explicó Quispe.

Además, están en la lista de acusados el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón, ambos prófugos de la justicia.

También figuran en la acusación formal Flavio Arce, excomandante de la Armada y exjefe de Estado Mayor; Carlos Orellana, excomandante de las Fuerzas Armadas; Jorge Fernández, exinspector de las Fuerzas Armadas; Jorge Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Jorge Pastor Mendieta, excomandante del Ejército; y Palmiro Jarjury, excomandante de la Armada.

Ahora resta que la Justicia fije el inicio del juicio oral.

La expresidenta también es investigada por la designación irregular de Karina Fabiola Leiva Añez de Ruiz, como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2020.