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Medio: ABI
Fecha de la publicación: martes 30 de noviembre de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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El exrepresentante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, dijo este martes que las conclusiones del Comité Contra la Tortura, sobre el tercer informe periódico de Bolivia, apartaron elementos probatorios e información “muy valiosa” para que el Ministerio Público realice una investigación sobre la violación de garantías fundamentales durante el golpe de Estado de 2019.
“El abanico de información que fue proveído por el Comité, en sí mismo, aporta muchos elementos probatorios, muchos elementos para procurar información muy valiosa a la Fiscalía (...). Sus conclusiones vendrán a alimentar una investigación que podría desatar, que podría iniciar la Fiscalía”, indicó en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.
Además, Racicot recomendó que se tenga presente también dos recomendaciones fundamentales del organismo internacional que confirman la necesidad de que se realice una investigación profunda.
Recordó que una de las más importantes determinó que se precisa desmantelar los grupos paramilitares identificados, de manera directa y precisa, como la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista.
“Y dos, en cuanto a los casos de tortura identificados y señalados por distintas organizaciones y recogidos estos casos por el Comité y también los casos de masacres y de uso de fuerza letal. En forma no conforme a las prescripciones del derecho internacional, el Comité pidió que se le informe y quiere obtener informaciones de los avances de las investigaciones en curso en todos estos casos”, aseveró.
El experto dijo que el Comité Contra la Tortura pidió, por otro lado, un informe sobre las sanciones aplicadas a los responsables de las violaciones de derechos humanos durante el golpe de Estado de 2019, lo que significa que mantendrá una supervisión sobre el caso y exigirá que el Ministerio Público realice una investigación seria para juzgar y aplicar penas a quienes serán identificados como responsables.