En las últimas décadas, experimentamos a nivel global la emergencia de un nuevo tipo de movimientos sociales, cuya mayor diferencia con sus antecesores gira en torno a la necesidad de una ampliación y transformación de las formas de representación social. Sin duda, expresan las demandas de nuevos actores sociales y, en consecuencia, expresan una nueva manera de hacer política, alejada de los mecanismos y los “aparatos” de poder tradicionales, como los partidos, movimientos o agrupaciones políticas circunscritas a determinadas concepciones ideológicas y a una estructura jerárquica de mando vertical. Nuevas categorías discursivas y temáticas emergieron en sustitución de los complicados sistemas ideológicos que, en su momento, constituían la columna vertebral de los argumentos políticos. Los grandes “discursos” del siglo XX dieron paso a un amplio conjunto de demandas que, en el fondo, traducen la necesidad de reconocimiento de las diversas identidades que caracterizan el siglo XXI.

Bajo esta perspectiva, los nuevos movimientos sociales se orientan a la defensa del medioambiente, el reconocimiento de identidades divergentes, la protección animal o el respeto a las diferencias religiosas, culturales, los derechos de la familia, los derechos humanos, el trabajo en sus diferentes versiones y la diversidad de género, entre otras cosas.

Según un experto en el tema (J. M. Obarrio), “(u)na de las principales características que los analistas suelen resaltar es la importancia del sentido colectivo construido por los actores participantes”, cuyas identidades particulares se fusionan en la perspectiva de una demanda común, prescindiendo de cualquier criterio ideológico o político partidario, de ahí que, las identidades de clase no suelen estar presentes y los nuevos movimientos se alinean en torno a demandas más cotidianas. Sus acciones están pensadas para imponer criterios de verdad más allá de la desprestigiada y poca creíble narrativa estatal, y sus objetivos se centran en la necesidad de modificar posiciones estatales que consideran atentatorias a sus derechos, o los preceptos de una democracia liberal y democrática. Como dice Obarrio, “contribuyen a resaltar más una continuidad que un quiebre” entre los espacios de la sociedad civil y el Estado, aspecto que remarca la naturaleza democrática de estos movimientos.

Probablemente, por esto, los esfuerzos por devaluar la presencia ciudadana en los “paros” tenga un efecto mínimo en la subjetividad social. Cuando el gobierno intenta comprender la participación ciudadana, el argumento toma como referente la anticuada dicotomía “derecha/izquierda”. Difícilmente los activos participantes de estas movilizaciones podrían identificarse con estas categorías. Su fortaleza emerge de cuestiones más cotidianas, tales como defender sus derechos patrimoniales, la libertad de pensamiento, la defensa de los medios de comunicación, su voto y el respeto a los preceptos democráticos.

Como resultaría contradictorio, calificar estos movimientos de antidemocráticos (dada la presunta vigencia de las libertades ciudadanas), los recursos discursivos echan mano de las viejas narrativas del “golpe”, “magnicidio”, el “imperio” y, en el caso boliviano, del “racismo y la discriminación”.

Esta imposibilidad de “leer” la sociedad boliviana de manera coherente con el siglo XXI y el nivel de desarrollo de la sociedad boliviana lo único que ha logrado ha sido consolidar un espíritu y una conciencia democrática que, aún dentro de las propias filas masistas, se ha mostrado indestructible, a no ser que, finalmente, el régimen opte por imponerlas por la fuerza, opción altamente peligrosa e históricamente inviable.

Cuando la ciudadanía escucha un discurso del actual presidente, o de su mentor, cargado de calificativos propios de una jerga “revolucionaria”, la única sensación que causa es la de estar frente a autoridades que no han entendido la naturaleza del momento actual y que siguen enredados en un discurso que ya no llama a la reflexión a nadie más que sus afines, que, como sabemos, son la mitad (o quizá menos) de los bolivianos.

Renzo Abruzzese es sociólogo