El Comité pro Santa Cruz reaccionó en la noche del lunes a aquellas amenazas vertidas por seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las que advertían con marchar hacia la capital cruceña y “nacionalizar” empresas. Los cívicos expresaron su "rotundo rechazo" a dichas declaraciones y aseguraron que el oficialismo intenta generar un clima de "odio, división y convulsión". 

"El Comité pro Santa Cruz expresa su rotundo rechazo a las amenazas de las organizaciones del MAS, que han advertido con tomar por la fuerza las fábricas, empresas e industrias de Santa Cruz", consta en un comunicado.

"Somos un pueblo noble, hospitalario y también valiente, que no permitirá esta afrenta contra los cruceños, nacidos y no nacidos en esta tierra", continúa. 

Los cívicos recalcaron que el departamento de Santa Cruz es el "motor productivo y económico" del país, ya que de la región sale "más del 70% de los alimentos". También subrayaron que cobijan a un gran número de migrantes internos que llegan "en busca de mejores días".

"Las amenazas de los dirigentes del MAS contra Santa Cruz son inadmisibles, reprochables e inconstitucionales. Solo intentan generar un clima de odio, división y convulsión, luego de que el pueblo, de manera pacífica y en las calles durante los nueve días de paro multisectorial, frenara la puesta en vigencia de la Ley 1386 por ser atentatoria a los derechos ciudadanos", finaliza. 

La marcha oficialista cumplió ayer su séptimo día y llegó a la sede de Gobierno en una caravana de miles de seguidores. En un acto realizado en la Plaza Mayor de San Francisco, los dirigentes se dirigieron al público con duros discursos que principalmente apuntaban a Santa Cruz.

“Somos los nacionalizadores y vamos a nacionalizar todas las industrias, todas las empresas en Santa Cruz. (...) Cuidado, no nos provoquen, porque esta marcha se puede trasladar a Santa Cruz y vamos a ir a tomar las fábricas, las industrias”, amenazó Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. 

La caravana se organizó frente a la presión de sectores contra la Ley 1386, que el Ejecutivo terminó abrogando. Fue precisamente en Santa Cruz donde las medidas de presión tuvieron mayor contundencia que en el resto de las regiones del país.