“ No es venganza, es justicia”, repiten los seguidores del MAS, junto con la narrativa de que en Bolivia hubo un golpe de Estado en 2019. Pero las acciones, de la mano con la Policía y el Ministerio Público, tal cual ocurrió durante el gobierno de Jeanine Áñez, se parecen mucho a la venganza, no a la justicia.

Veamos lo que está pasando en el país, todavía en noviembre y después de los recientes sucesos del paro nacional idenfinido que logró la abrogación de la Ley 1386.

Desde entonces y hasta ahora, hay dirigentes opositores detenidos en Potosí y en Riberalta, mientras que los grupos de choque organizados, que desbloquearon usando la fuerza en la Villa Imperial, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y otras regiones, permanecen en la impunidad. Se ha dicho que existen evidencias de que esa violencia estuvo fomentada desde niveles oficiales.

En Potosí, el mismísimo Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental encabezó los grupos de choque y en Santa Cruz utilizaron camionetas de la Dircabi. En este último caso, no se informa de avances en las investigaciones y ni siquiera hubo una explicación del director de esa entidad dependiente del Ministerio de Gobierno.

En el caso particular de la ciudad oriental, en las últimas semanas se desató una lluvia de denuncias contra el Presidente del Comité pro Santa Cruz, e incluso se lo ha dejado sin fuente laboral, precisamente, después del paro contra la mencionada ley.

Por otro lado, en la sede del Gobierno, un dirigente del MAS reveló que se han organizado 76 grupos para desbloquear, y allá se ejerció violencia, pero quedó sin investigación ni sanción.

En resumen, se está castigando la protesta, pese a que es un derecho establecido en la Constitución Política del Estado, pese a que la protesta fue el caballito de batalla de Evo Morales y de otros políticos del MAS que comenzaron siendo dirigentes sindicales y supieron hacer respetar, en las carreteras y en las calles, los derechos de sus bases.

Hoy en día, a los opositores que bloquean les dicen golpistas que perjudican la economía nacional, en tanto que a los masistas que bloquearon la llegada de oxígeno a La Paz en agosto de 2020 los veían como a héroes que lucharon por la democracia.

A lo anterior se suma la última amenaza de Morales al periodismo: “Cuidado, cuidado que se acabe la paciencia”. Desde siempre le molestó la existencia de medios independientes que, entre otras cosas, señalan la participación de empleados públicos en las marchas promovidas por el Gobierno, pese a que se desarrollan incluso en horarios de trabajo.

Se está criminalizando la protesta y, para ello, el Órgano Ejecutivo tiene a su servicio a la Policía, al Ministerio Público y a la Justicia, instancias que no deberían actuar en defensa de un partido político sino servir a la ciudadanía y brindar garantías a la sociedad toda.

En Potosí, luego de haber fracasado en el intento de inculpar a los dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) por la muerte del joven Basilio Titi, el Gobierno se ha concentrado en detener a algunas de las personas que supuestamente participaron en las acciones de resistencia que se realizaron el 8 y 9 de noviembre, cuando grupos de choque supuestamente provenientes del área rural ingresaron a Potosí y literalmente tomaron el centro histórico. Se ha identificado a jóvenes que, según sus abogados defensores, no participaron en los hechos que se les endilga. Algunos incluso presentaron videos que demuestran que se encontraban en otro lugar cuando sucedieron los incidentes, pero no se ha tomado en cuenta esa evidencia.

En todas estas acciones no se advierten intentos de averiguar la verdad histórica de los hechos; tampoco de buscar justicia. La represalia en el país se parece cada vez más a la venganza política.