Las “fantasiosas y temerarias” acusaciones de la exvocal Rosario Baptista han anticipado en tres años la previsible batalla política en torno al organismo electoral, con centro en cuestiones recurrentes como el padrón. Pronto se agitarán banderas y consignas opositoras para descabezar al TSE y “auditar el sistema electoral” como condición para ir a nuevas elecciones. Es de manual.

Anticipándose a su posible destitución por una falta muy grave, la abogada Baptista se marchó a Estados Unidos y, desde allá, mandó su carta de renuncia como vocal electoral. Por supuesto no le bastaba con dejar el cargo: tenía que hacer el mayor daño posible. Entonces atacó la credibilidad de sus excolegas de Sala Plena, sembró dudas sobre la legitimidad de las elecciones 2020, se ensañó contra el partido de gobierno y, en general, cuestionó todo el sistema democrático, político y electoral.

Más allá de sus odios viejos y de su personal ajuste de cuentas, la acción política de Baptista, en sincronía con la oposición radical, anticipó la reciclada guerra contra la institucionalidad electoral en el país. No es casual que la dirigencia cívica ya esté demandando la renovación total de vocales del TSE, la elaboración de un nuevo padrón electoral y “una auditoría integral al sistema electoral” (sic). No es nada nuevo. Son las banderas que suelen agitar, invariablemente, quienes pierden elecciones.

No hay mucho que Baptista y los suyos puedan hacer respecto a los comicios del año pasado, cuya transparencia y resultados fueron certificados de manera unánime por 19 informes, nada menos, de observación nacional e internacional (la misma exvocal avaló cada acto del proceso desde su convocatoria hasta la entrega de credenciales). Se trata de una acción preventiva: los opositores, que desde hace casi dos décadas no ganan en las urnas, quieren un TSE y reglas a su gusto para las elecciones 2025.

Estamos entonces ante una guerra avisada como anticipo de la venidera disputa electoral, que tendrá su hito de inicio a fines de 2024 con la convocatoria a elecciones primarias de candidaturas para binomios presidenciales. Antes de ello, el actual tribunal electoral deberá administrar las elecciones judiciales 2023 o, en su caso, un referéndum de reforma parcial de la Constitución Política del Estado. Le tocará gestionar también el ímpetu revocatorio, que hasta ahora naufragó por exceso de requisitos.

El renovado ataque contra el sistema y los vocales no es una buena noticia para la democracia. Como país debiéramos aprovechar este periodo sin comicios para fortalecer la institucionalidad, hacer ajustes normativos, renovar equipamiento, afinar el registro de votantes, en fin, consolidar sistemas que garanticen la integridad electoral. En lugar de ello, abundarán acusaciones sin evidencia (como las de Baptista) y exigencias sin fundamentación técnica. Todo sirve para avivar la polarización política.