El fraude electoral se ha convertido en un tema recurrente en Bolivia, pero, aunque resulte difícil de creer, los primeros que comenzaron a hablar de ese tema no fueron los opositores sino, más bien, los oficialistas.

En la primera quincena de diciembre de 2018, cuando todavía faltaba mucho para las elecciones generales, en una entrevista con el diario cruceño El Deber, el entonces vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, confesó, prácticamente con lujo de detalles, cuál fue la manipulación que realizó el MAS para dar a paso a unas elecciones primarias cuyo objetivo no fue, en ningún momento, democratizar los partidos políticos sino allanar el camino para una nueva reelección del binomio oficialista.

Lo dijo con un desparpajo asombroso, tanto que resultaba difícil de creer que un hombre de Estado que estuvo secundando el mando de la nación por más de 12 años no tuviera el cuidado de callarse y dejar ciertos movimientos en secreto, por lo menos para disimular.

Pero no. García Linera refirió cómo fue que un proyecto de ley de organizaciones políticas que había sido concebido para ejecutarse a partir de 2024 fue introducido con carácter de urgencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional y se aprobó y promulgó en tiempo récord, asombrando, incluso, a quien en ese momento era la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

A partir de esa entrevista, que se puede encontrar en los archivos digitales del periódico cruceño, comenzó a hablarse de un fraude electoral que, finalmente, se ejecutó en las elecciones de 2019. Y quienes alertaron sobre las manipulaciones que se encontró en las actas de votación, tras acceder a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fueron varios medios de comunicación social. Cuando la OEA intervino, y realizó su auditoría, las denuncias de fraude eran tan contundentes que hasta en el MAS, cuyo líder había fugado del país, se lo admitía implícitamente.

Ahora se vuelve a hablar de fraude a raíz de las denuncias de la exvocal electoral Rosario Baptista que ponen nuevamente en tela de juicio la transparencia y confiabilidad del sistema electoral boliviano, principalmente por las dudas que inspira el padrón biométrico y por decisiones que habrían favorecido al Movimiento Al Socialismo (MAS).

La exvocal dio una entrevista al programa radiofónico Realidades en Colombia, en la que reiteró que el partido gobernante copó la administración de la justicia, la Fiscalía y la Policía Boliviana, situación, dijo, que conforma en Bolivia un estado delictivo.

Insistió en que la actual normativa electoral fue utilizada para favorecer al MAS cuando el candidato Luis Arce difundió una encuesta interna y no tuvo sanción, como sí ocurrió el año 2015 cuando el partido Unidad Democrática fue suspendido de participar en las elecciones de Beni por similar falta.

Baptista contó que, cuando habló del asunto de la personería jurídica del MAS, le pidieron pruebas, pero que no había qué mostrar, ya que en 2019 se llevaron información y documentación del TSE. “Nunca hemos sabido cuánta información ni qué se han llevado, y no la han procesado”, afirmó.

En cartas abiertas anteriores, la exvocal dijo que el TSE no resolvió dos causales que pudieron derivar en la pérdida de la personería jurídica del MAS y que si en Bolivia no se cambia el sistema electoral y el funcionamiento de la Justicia, se consolidará en el país un gobierno tirano.

Sus declaraciones también han dejado dudas sobre la legitimidad del triunfo de Luis Arce en las últimas elecciones. Y una de las razones para la sospecha es que el TSE no utilizó el TREP, cuyo manejo público puso en evidencia las irregularidades de las elecciones de 2019.