Concentrar la atención en la abrogación de leyes que están dirigidas a profundizar el centralismo, conformar comisiones para hacer seguimiento al Censo de Población y Viviendas de 2022 y trabajar en la consolidación de las autonomías deben figurar en las prioridades de Santa Cruz, antes de avanzar en la propuesta de federalismo planteada por el gobernador Luis F. Camacho. 

En ese aspecto coinciden constitucionalistas, politólogos y políticos del oficialismo y de la oposición consultados por EL DEBER.
A decir del abogado constitucionalista y secretario municipal de Fortalecimiento Institucional y Autonomías, José Luis Santistevan, las autoridades deberían trabajar en recuperar el Pacto Fiscal, las cartas orgánicas y el censo, que son prioridades que se están tocando en la actualidad. Se mostró preocupado porque la discusión por federalismo, que es a largo plazo, deje de lado la agenda regional.
“Preocupa que, sin haber recuperado el proceso autonómico, un político esté planteando una propuesta que puede ser desechada. Antes, las propuestas de autonomía y federalismo fueron planteadas por la sociedad civil y no por los políticos para aprovechar un liderazgo. La autonomía nació de las bases sociales y la institucionalidad cruceña, pero no de la clase política”, señaló Santistevan.

Recordó que al tener Bolivia una Constitución Política del Estado (CPE) vigente, para implementar el federalismo se debe utilizar un procedimiento técnico para su modificación. El mismo consiste en llamar a una Asamblea Constituyente, “previo a un referéndum para su conformación porque la propuesta consiste en cambiar un modelo de Estado y no su administración pública”, complementó.
Esa misma asamblea, según Santsitevan, tiene como meta primordial presentar un nuevo texto constitucional, con la respectiva modificación, para luego pasar a la consulta y el voto popular.

Por su parte, el abogado constitucionalista y docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Daniel Valverde, considera que el gobernador cruceño debió haber planteado un modelo de federalismo que permita al ciudadano conocer qué se ganaría con un nuevo modelo de Estado.

“Eso está generando, sobre todo en la sociedad civil, distancia y confusión. En tanto, en el estamento político no se lo está viendo como una prioridad, por lo que en este momento es como si el sistema político y la sociedad civil no estuvieran preparados para enfrentar una discusión de esa naturaleza porque las prioridades son otras”, agregó el también exdiputado.

En criterio de Valverde se tendría que replantear la propuesta del gobernador Camacho y preparar una hoja de ruta, para determinar qué tipo de federalismo conviene instalar en el país. “Porque finalmente el federalismo es neutro, ni bueno ni malo, pero lo que hay que saber es para qué lo queremos y qué cambiaríamos con ese modelo”.

No es prioridad
El exministro de Autonomías, Hugo Siles, sostiene que la propuesta de federalismo no es una prioridad para la población boliviana en estos momentos, debido a que se cuenta con un modelo de descentralización que recién tiene una década de vigencia y funcionamiento, por lo que se encuentra en pleno proceso de desarrollo.

“Plantear esta modificación me parece un tanto irresponsable, porque en Bolivia hoy en día por la redacción de un artículo o ley hay conflictos, no me quiero imaginar cuando se tenga que debatir sobre modificación de la estructura territorial económica, política, judicial y de seguridad del Estado, las diferencias y enfrentamientos que puede suponer esto”, expresó.

También subrayó que el llamar a sustituir un modelo de autonomías y descentralización por otro federal, “agenda un nuevo capítulo de la conflictividad en Bolivia”.
Siguiendo esta postura, el analista político y exministro de Defensa, Reymi Ferreira dijo que es muy prematuro llegar a un  modelo de Estado federal sin concretar las autonomías, porque “son un punto de partida y no una meta de llegada, por lo que a las autonomías aún hay que desarrollarlas”.
Apunta que existe un desconocimiento de la población, sobre la propuesta porque es planteada sin explicaciones: qué tipo de federalismo y cuál será su proyecto de estructura como Estado, quedando únicamente como una simple manifestación de voluntad.
“No se puede socializar ni discutir, si es que no se tiene una base y eso es lo que creo que hace falta”, aseguró.
El abogado Otto Ritter, que es partidario del federalismo, mostró que con este debate que se ha forjado, sobre la propuesta del gobernador Camacho, “le están haciendo un favor al gobierno central porque nos estamos olvidando de los principales problemas del país: persecución a líderes opositores, no hay reactivación económica y tampoco las que fomenten la inversión”.
Por eso, continuó, se necesita un planteamiento serio de quienes están proponiendo el nuevo modelo de Estado, a nivel nacional, en el cual se deben establecer cuáles son las competencias para cada uno de sus nueve departamentos y los del gobierno nacional.

Una aspiración
El politólogo José Rafael Vilar sostuvo que el federalismo ha estado en la aspiración política de Santa Cruz desde el siglo XIX, cuando las Revoluciones de los Iguales y de los Domingos y, después, en el siglo 20 con movimientos y partidos federalistas, incluidas a veces tendencias aislacionistas y hasta xenófobas y racistas.
“La razón era el aislamiento de la región y su dependencia de poderes fuertemente centralistas lejanos, centrados en el extractivismo como fuente de riqueza y comercio con fuerte vocación y decisiva inversión y comunicación hacia el Atlántico, a diferencia de Santa Cruz: agrícola y ganadera”.

Vilar también agregó que en la actualidad la situación es distinta, sobre todo  desde el punto de vista de desarrollo, porque de ser la región menos desarrollada del país pasó a ser la de mayor crecimiento económico, industrial y agropecuario, además es la que más aporta al PIB y con impuestos, “lo que conlleva que el pedido de autonomía y de federalismo se solapen en distintos grados en la demanda de mayor participación de los recursos fiscales del Estado, a partir de los aportes propios y las necesidades de la región, la de mayor población”. 

Finalmente, el analista Carlos Cordero recordó lo ocurrido en la convención del año 1938, que le dio al país una nueva Constitución Política del Estado, luego de un debate entre federalismo y centralismo, cuya elección ganó este último con 44 votos a favor y 35 en contra.
Además, sostuvo que el federalismo no ha logrado avanzar porque es una propuesta y demanda de “las minorías opositoras, regionales o políticas”, contra una mayoría que se apoya en las políticas centralistas. “(Evo) Morales y el MAS son los defensores del centralismo pues conviene a su proyecto autoritario, vertical y de fortalecimiento de un sistema de partido único. Porque ellos tienen el poder y los recursos estatales, aunque no tengan la razón intelectual, tienen el poder”.

Dos modelos que dependen del pacto fiscal

El federalismo y la autonomía, tienen como diferencias las atribuciones propias en ambos sistemas organizativos que no-centralistas, y a la vez cuentan con un nivel de manejo de sus recursos y legislaciones, sostuvo el politólogo José Rafael Vilar, al momento de diferenciar ambos modelos de Estado. 

“Pero ambos tienen como común denominador la imprescindibilidad de un pacto fiscal, que en un estado federal se basa en la unión de estados soberanos con un gobierno compartido y solidario entre sus componentes, respetando la diversidad”, agregó.

A su vez, el abogado y director del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Daniel Valverde, remarcó que, si bien las autonomías y federalismo son modelos distintos, son también parecidos debido al pacto fiscal.

“La diferencia es que, en el federalismo, los estados miembros o federados, tienen la potestad de recaudar recursos, asumir las competencias que les permite su constitución y de ahí entregar una porción al nivel federal”, sostuvo.
Añadió que, en el modelo unitario con autonomías como el boliviano, esta situación es a la inversa, por lo que es necesaria la aplicación de un pacto fiscal. “Porque el Estado, por lo menos en Bolivia, se ha reservado gran parte de las competencias, sobre todo las estructurales y por lo tanto ha dejado ciertas competencias a los niveles departamentales, sobre todo municipales, que no pueden funcionar por la ausencia de un pacto fiscal”.

Acuerdo de Estado

Sobre el pacto fiscal, Vilar recordó la definición en la administración de Rubén Costas sobre el mismo. “Pacto Fiscal es un acuerdo político sobre el manejo y la administración de la política fiscal del gobierno central y de los gobiernos subnacionales”.

Sobre esa misma línea, Valverde explicó que es un acuerdo que va a establecer, cuánto es lo que le corresponde a cada nivel de gobierno, ya sea departamental y municipal, para que asuma las competencias.

“Esto viene a ser un trabajo técnico, porque hay que calcular cuánto cuesta la competencia de salud, de seguridad ciudadana o la vinculada con el medio ambiente, por lo que ahí se necesita del pacto fiscal que representa un acuerdo sobre los recursos económicos”.

Esto, aclaró, se realiza dentro de un marco donde el nivel central tiene la principal potestad tributaria y de acuerdo al pacto, distribuye al resto de las regiones, “en el federalismo es lo contrario porque la potestad tributaria la tienen los estados o provincias, como es el caso de Argentina, que recaudan y de acuerdo a su marco constitucional, existe una porción que es derivada al Estado federal”.

Finalmente, sobre los avances de la autonomía en Bolivia, desde el gobierno central señalaron que aún falta consolidarla porque de los 336 municipios en el país, solamente 24 tienen sus cartas orgánicas y únicamente tres departamentos, de un total de nueve, cuenta con sus estatutos.