Representantes de comités cívicos del país se reunieron ayer en Potosí y acordaron convocar a un “gran cabildo nacional” para el 15 de enero de 2022, día en el que empezarán las movilizaciones exigiendo una auditoría forense a las elecciones de 2020, la creación de un nuevo padrón electoral, la reposición de los tercios para aprobar la leyes en la Asamblea Legislativa y la abrogación de todas las norma que atenten contra los derechos ciudadanos y la Constitución Política del Estado, además de otros ocho puntos.

Horas antes de la reunión de los cívicos y luego de una marcha realizada ayer en Potosí, convocada por los cívicos de ese departamento, se resolvió dar un plazo de 24 horas al Órgano Judicial para que libere a los detenidos por participar en las movilizaciones pidiendo la abrogación de la ley 1386.

Juan Carlos Manuel, líder cívico potosino, se refirió al apresamiento de dos estudiantes de Potosí, de un dirigente en Riberalta y los procesos contra el presidente cívico cruceño, Rómulo Calvo (además de su destitución de la Caja Petrolera de Salud), son calificados por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) como actos de persecución política de parte del Gobierno del Movimiento Al Socialismo.

En Potosí, los comités cívicos del país se reunieron para analizar las acciones de aquí en adelante, con demandas pendientes ante el Gobierno y varios pedidos, considerando la actual coyuntura.

Al terminar la reunión, Juan Carlos Manuel lamentó la situación del país tras la aprobación de leyes “anticonstitucionales, antidemocráticas y antipopulares, no respetando el Estado de derecho, la libertad de expresión la intimidad y el patrimonio de todos los bolivianos, además las persecuciones cívicas a líderes cívicos y ciudadanos bolivianos de a pie que se movilizaron pacíficamente en los nueve Departamentos de nuestra querida Bolivia”.

Fuentes del Comcipo dijeron que asistieron representantes cívicos de los nueve departamentos, algunos de ellos por vía Zoom.

Conclusiones

Entre las conclusiones que asumieron está la de continuar en estado de emergencia frente a cualquier provocación del Gobierno o la intención de seguir promulgando leyes anticonstitucionales.

“Se ratifica la unidad del pueblo boliviano en torno a los comités cívicos de toda Bolivia, organizaciones sociales y todo el pueblo en general. Se exige al Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional la abrogación de todas las leyes malditas que promulgaron hasta la presente fecha”, dice el comunicado de Comcipo.

Entre otras medidas “se exige la restitución del reglamento de los dos tercios en todos los artículos del reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional para mayor debate de manera democrática. Se exige a los asambleístas enviar en consulta constitucional con medidas cautelares todos los proyectos de ley antes de su tratamiento en comisión”.

Padrón

También se exige una auditoría al padrón electoral y la construcción de un nuevo padrón electoral con participación de veedores internacionales idóneos y la participación del control social y civil, porque éste fue alterado e incrementado con la carnetización implementada en los primeros años de gestión de Evo Morales y que hoy hace que éste sea un padrón no confiable que no garantiza las elecciones democráticas.

Por consenso, se determina socializar en los nueve departamentos los fundamentos políticos, administrativos y sociales a través del debate y, conducido por los comités cívicos, del modelo de un nuevo Estado federal para su posterior aplicación y sea a mediano plazo, teniendo en cuenta que el Estado centralista no permite el desarrollo ni la autodeterminación de los pueblos.

Rechazo a las persecuciones 

Con una marcha por las calles de la Villa Imperial, las organizaciones denunciaron una parcialización de la justicia, frente a procesos que se siguen contra un dirigente en Riberalta (Beni), Katriel Müller, y a Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico cruceño. “No podemos permitir lo que está ocurriendo, le damos 24 horas al poder judicial para que libere a nuestros ciudadanos que están detenidos. Hay que reaccionar ante este atrevimiento”, dijo el máximo representante de Comcipo, Juan Carlos Manuel.

En tanto, en Riberalta, la defensa del cívico Katriel Müller apelará la decisión del juez de darle 60 días de detención preventiva. El abogado denunció que se está “criminalizando el derecho a la protesta”.

La reunión de cívicos determinó exigir a las autoridades judiciales que los detenidos y presos políticos, policías, militares, exautoridades y ciudadanos que participaron en las movilizaciones de 2019 y las actuales movilizaciones que se defiendan en libertad y con pruebas objetivas.