Las dudas sobre las actuaciones del Órgano Electoral vuelven a sacudir al país en momentos en los que crece la desconfianza en el poder político, el gobierno, la justicia, y se hace insostenible la debilidad institucional. Las denuncias de la exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Rosario Baptista Canedo, ponen en la cuerda floja al sistema político por una serie de hechos que limitan entre irregularidades, delitos e impunidad. Por lo menos se evidencia una serie de transgresiones, incumplimiento de responsabilidades y dejar pasar deliberadamente situaciones de dudosa legalidad. Las reacciones del gobierno, los grupos oficialistas y de los resabios del TSE, demuestran que, lejos existir una voluntad política para investigar situaciones anómalas y dudas, se busca tapar una situación que ya es imposible dejar pasar.

La exvocal Baptista reveló las irregularidades primero en varias ocasiones durante el tiempo que ejerció funciones en el Órgano Electoral, ratificadas en su carta de renuncia de la semana pasada, y complementadas en una extensa carta en la que fundamenta sus observaciones a los procesos electorales. Su posición mereció duras reacciones del gobierno y del TSE, y se le iniciaron procesos por haber denunciado las irregularidades ante la OEA. En la carta de seis páginas se observa que el Órgano Electoral eludiera procesar dos causales que podrían haber determinado sanciones al MAS. También hace referencia a una situación dudosa sobre el padrón electoral, y una serie de hechos puntuales que van desde la designación de personal sin convocatoria pública, hasta favorecer a un partido político.

La carta de Baptista, titulada «Mi compromiso con Bolivia», pone interrogantes sobre el accionar del Tribunal Supremo Electoral. Alerta sobre una situación anómala dirigida a la consolidación de un solo partido político en el país. Para Baptista «Existe un partido único. Y es por este partido único que el Tribunal Supremo Electoral eligió no procesar una denuncia» señala al relacionar la existencia de dos causales que podrían haber dado lugar a la cancelación de la personalidad jurídica del MAS, una por uso de bienes del Estado para la campaña electoral de Evo Morales, y la otra por discriminación, explícita en el Estatuto Orgánico del MAS-IPSP aprobado el año 2012, que determinaba que el acceso a la función pública corresponde sólo a militantes del partido. Hace notar que ya en 2012, en su Estatuto Orgánico, el MAS en el inciso c de su artículo 61 señala que «no existe: invitados, neutrales ni independientes en los cargos designados, Nacionales, Departamentales, Regionales y Municipales todos y todas son afiliadas o militantes del MAS-IPSP».

Baptista asegura que las justificaciones para no procesar esa denuncia pueden ser muchas, pero ninguna justifica el omitir el cumplimiento de obligaciones. Baptista en la carta revela que se le acusó en Sala Plena «de inventarme el hecho de que la denuncia estuviera pendiente, olvidaron que estaba dando vueltas de una dirección a otra, sin que nadie quisiera tramitarla. Se hizo la investigación; se obtuvieron las pruebas, no legalizadas porque los funcionarios a cargo fueron amenazados, los ministros de turno se negaron a entregarla, y todo esto durante el gobierno transitorio. Hoy, esta denuncia sigue pendiente de tratamiento, se resolvieron muchas otras presentadas con el mismo propósito, pero con diferentes causales y sin fundamentos válidos, todas fueron resueltas en plazo; ésta no», indica en la declaración.

En relación a la situación del patrón electoral, considera que el «problema no es sólo si hubo o no fraude». Recuerda que se pidió en las calles un nuevo padrón, que se hizo en 2009 y que «los medios espurios de su conformación también generaron dudas, jamás despejadas, dejando la puerta abierta a la incertidumbre sobre su legitimidad. Y más de 10 años después estamos en el mismo punto, con las mismas dudas, después de otra cuestionada elección en 2014, la vergonzosa de 2019 y la supuestamente ejemplar de 2020». También hace notar que «En el ámbito tecnológico, jurídico y jurisdiccional, se evita abrir las fuentes, permitir la observación, veeduría y control ciudadano real y efectivo; pretenden de la gente un acto de fe, para justificar la ausencia de transparencia institucional. No se quiere ir a la ‘arqueología’ del padrón. Quieren convencer sobre la integridad del padrón con publicidad, con diapositivas y exposiciones. Lo tecnológico debe ser abierto, sometido a escrutinio público, todo el tiempo, permanentemente. No hay motivo para que no lo sea. Las cláusulas de confidencialidad sólo generan dudas», indica la ex vocal Baptista.

Indudablemente, las actuaciones del TSE han generado dudas en una constante pese a los cambios de algunos vocales. Las dudas y desconfianza nunca han desaparecido y más bien se han acentuado con el escándalo de las elecciones fraudulentas anuladas, la falta de transparencia en las últimas elecciones, las inexplicables distancias entre las encuestas y los resultados oficiales y la actitud de los personeros que hoy manejan el Órgano Electoral. El Presidente del TSE, Oscar Hassenteufel reiteró que las acusaciones de Baptista son falsas y temerarias, peor aún de que ponga en duda la integridad, autonomía e independencia del actual Órgano Electoral y sus autoridades. En declaraciones a Urgente.bo dijo que la exvocal «llega a poner en cuestión todo el sistema político electoral del país, lo hace como un acto demagógico y sin ninguna referencia concreta y menos aún con pruebas», manifestó Hassenteufel.