El alejamiento de Rosario Baptista del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y la consiguiente furibunda reacción de algunos parlamentarios del MAS, han dado lugar a renovadas observaciones, y repetición de anteriores cuestionamientos a un padrón sobre el que existen sospechas desde hace un tiempo.

Baptista no se fue agachando la cabeza. Puso por escrito los “defectos y falencias existentes en el sistema electoral nacional” y reveló que pidió “información e investigación para responder a la población que expresó dudas sobre la integridad del padrón electoral, (pero) estos deberes institucionales no han sido posibles de ser cumplidos, debido a la influencia política partidaria que se ejerce sobre la mayoría de los vocales elegidos”.

No se trata de ninguna novedad. Prácticas como el control del voto en el área rural y el hermetismo con el que se ha blindado el padrón electoral son razones más que suficientes para dudar de la pureza de los procesos electorales que, en los últimos años, han sido ganados invariablemente por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

Hay dos elementos principales en los cuestionamientos de Baptista Canedo cuando ejercía la vocalía electoral: las dudas sobre el Padrón y la independencia del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Ambos fueron motivo de declaraciones públicas que incomodaron al TSE, provocaron represalias del oficialismo y tuvieron poco impacto en la ciudadanía, la oposición y los medios, quizás porque sucedieron en momentos en los que su atención estaba concentrada en otros sucesos coyunturales.

Las reacciones oficiales y oficialistas a su renuncia permiten entender mejor lo que ella publicó seis días antes de dimitir, cuando denunciaba que “el precio por pretender actuar en base a la Constitución y la ley ha sido la persecución política, en lo interno a través de procesos disciplinarios y acoso laboral (…), y en el ámbito externo mediante denuncias penales y amenazas que ponen en riesgo (…) mis derechos civiles, mi integridad y seguridad”.

El año pasado, Baptista denunció “la posible existencia de un bloque de data alterno” y, ahora, su renuncia la hizo merecedora de la arremetida del MAS y del TSE. Asambleístas del oficialismo anunciaron la apertura de un proceso penal en su contra, pidieron su destitución por “abandono de funciones” y se ocuparon por saber si está en el país.

El TSE fue lapidario en su pronunciamiento emitido cinco días después de la dimisión de la vocal, expresando “su rechazo vehemente a las temerarias y fantasiosas afirmaciones de la exvocal Baptista”.

El TSE califica de “fantasioso” que el MAS tiene “el control total de todos los Órganos del Estado” o “que bajo las condiciones actuales nunca perderá una elección”, asegura que “Bolivia cuenta con un padrón electoral biométrico sólido y confiable”.

Sin embargo, una investigación realizada en base a publicaciones de prensa constata que, en 2009, cuando se realizó el padrón biométrico, “en 26 días hábiles, la CNE empadronó a 2.472.078 personas. En promedio, poco más de 95 mil personas diarias. Pero los equipos de la CNE tienen capacidad para procesar sólo 60 mil registros diarios”.

Esas son solo algunas de las dudas que subsisten desde 2007, cuando el gobierno anunció una campaña de carnetización gratuita que no debió realizar el ejecutivo sino la que todavía se llamaba Corte Nacional Electoral. Fueron los tiempos en los que se denunció que la entrega de documentos de identidad se realizaba en una casa de campaña del MAS. De entonces ahora, poco cambiaron las cosas.