El Movimiento Al Socialismo (MAS) enfrentó desde 2019 al menos dos denuncias vinculadas con faltas electorales que pudieron haber revertido la vigencia de su personería jurídica. Una de ellas fue rechazada por efecto de un dictamen del Tribunal Constitucional, la otra aún está en suspenso por una limitación legal que impide a las autoridades electorales tratarla antes del 31 de diciembre de 2021.

Óscar Hassenteufel, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), explicó que la denuncia está vinculada con el uso de bienes del Estado durante la campaña electoral de 2019, pero existe una cláusula en la Ley 1315, con la que la expresidenta Jeanine Áñez lanzó la convocatoria definitiva para las elecciones de octubre de 2020, que fijó esa fecha para el tratamiento de las denuncias.

“Todas las organizaciones políticas deberán adecuar sus Estatutos a las disposiciones de la presente Ley, hasta el 31 de diciembre de 2021. Una vez que se adecúen los Estatutos se aplicarán las sanciones establecidas por el Artículo 58 de la Ley de Organizaciones Políticas”, señala la disposición adicional de esa norma promulgada el 13 de agosto de 2020 por la expresidenta Jeanine Áñez.

La autoridad electoral abordó esta temática en el contexto de las aclaraciones que formuló el TSE ante una serie de observaciones que hizo Rosario Baptista, la exvocal que planteó dudas sobre el tratamiento de esas denuncias, la fiabilidad del padrón y la independencia de este poder del Estado frente al partido gobernante.

Hassenteufel precisó que esta demanda contra el MAS fue admitida, pero quedó sin resolución “no por negligencia de la Sala Plena ni por un interés particular de ayudar a una organización política, sino que en ese tiempo se promulgó la Ley 1315 que dispone que las causales previstas en el artículo 58 de la Ley de Organizaciones Políticas no se pueden aplicar hasta diciembre de 2021”.

En ese marco, la autoridad señaló que la vocal relatora que trabajó en las anteriores resoluciones con las que el TSE rechazó las denuncias planteadas contra el MAS fue, precisamente, Baptista. “Me sorprende que la doctora Baptista no recuerde esa norma, que es de conocimiento público”, remarcó la autoridad respecto a la limitación alegada en la Ley 1315.

“En este momento no podemos pronunciarnos respecto a ninguna demanda ni de esta organización ni de otra por mandato de esa ley. Esperemos que llegue diciembre y ya veremos”, aclaró.

Baptista, mediante pronunciamientos público, aseguró que existían todas las pruebas para quitarle la personería al MAS. Ante este escenario, la Sala Plena abrió un proceso por poner en riesgo los comicios de 2020, aunque lo extinguió tras su renuncia. Sin embargo, ayer remitió los antecedentes a la Fiscalía para que se determine si existe responsabilidad penal con sus declaraciones.

Padrón

Baptista afirmó en dos ocasiones, cuando renunció el 14 de noviembre y el pasado lunes, que el Órgano Electoral “no es independiente ni imparcial” y que en las actuales condiciones será difícil que el MAS pierda alguna elección.

Ayer, el presidente del TSE ratificó la declaración que presentó hace siete días y aseguró que el padrón es plenamente confiable, pues fue sometido en 2017 a una auditoria por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) que le dio el 98,9% de confiabilidad. También destacó otros pronunciamientos, como el emitido por el Centro Carter y la Unión Europea (UE), que valoraron los comicios de 2020.

“Por qué no aceptar el criterio de la OEA respecto de la elección de 2020 si hemos aceptado el criterio de esa institución respecto al proceso electoral de 2019. Parece haber una contradicción en el manejo de esta información”, apuntó la autoridad electoral.

El martes, en una entrevista con el DEBER Radio, la vocal María Angélica Ruiz aseguró, además, que si bien el TSE ha sentido presiones de diversos sectores sociales y políticos, no las aceptó.

El diputado Óscar Balderas, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), señaló que “las elecciones 2020, pese a la crisis política, económica y sanitaria, viabilizaron una salida pacífica y constitucional ante el riesgo de violencia nacional propiciada por el presidente Evo Morales”.

En se sentido, recordó que cuando Áñez lanzó la convocatoria para las elecciones, postergadas en dos ocasiones en 2020 por efecto de la pandemia de coronavirus, el país estaba afectado por bloqueos y una movilización protagonizada por sectores afines al MAS que exigían elecciones.

En todo caso, señaló que el TSE tiene ahora la “oportunidad” de demostrar su independencia cuando trate la denuncia del MAS.