Nuevamente se está planteando el federalismo en Bolivia. ¿Es pertinente esta propuesta?

La experiencia mundial muestra que el federalismo ha sido una opción en los siglos XVIII y XIX para entidades territoriales previamente independientes que decidieron ceder parte de su soberanía a un gobierno federal, por ejemplo, para defensa, manteniendo las demás atribuciones para sí mismas. Un asunto crucial son las competencias sobre recursos naturales: en Estados Unidos y Argentina ellas corresponden, respectivamente, a los estados y las provincias.

Otros países también optaron por constituirse en federales al lograr su independencia (México y Venezuela, donde los municipios han quedado subordinados a los estados), o al declararse república para sustituir a un imperio, el caso de Brasil. Pero en estos casos se impuso un poder centralizado con dominio nacional sobre los recursos naturales.

En Bolivia, al habernos constituido como estado unitario sólo cabe la descentralización. En la Constitución promulgada en 2009 se siguió adelante con el proceso iniciado en 1994 (al transferir competencias y tributos a los municipios), creando esta vez autonomías departamentales en el nivel intermedio y autonomías indígena-originario-campesinas en el local, ambas con el mismo nivel jerárquico que las ya establecidas autonomías municipales.

La descentralización es una solución más adecuada que si Bolivia se hubiera fundado federal, pues la asignación de competencias a los niveles local e intermedio ha sido resultado de análisis previos sobre la base de la experiencia regional. Pero en el caso de las autonomías departamentales quedó pendiente transferirles - o asignarles nuevos- tributos, que fueran suficientes para permitirles el libre ejercicio de sus competencias. Y sin autonomía fiscal no hay autonomía efectiva.

Se dejó pendiente este asunto crucial para que fuera definido a través de un posterior “pacto fiscal” que nunca se realizó. Los recursos financieros con que cuentan actualmente las autonomías departamentales siguen siendo no sólo escasos y variables sino extremadamente desiguales. Es más: la mayor parte de los ingresos con que cuentan ya no sólo las autonomías departamentales sino las autonomías en general provienen de regalías y transferencias del gobierno central, recursos que, al no ser decididos localmente y con participación ciudadana, no estimulan la eficiencia sino la corrupción. En esto es imprescindible una rectificación.

Mientras tanto el MAS aprovecha que controla casi enteramente los recursos fiscales para ejecutar su programa “de transición al socialismo”: no sólo centraliza cada vez más las decisiones políticas -hasta el extremo de plantear que para ser funcionario del gobierno central hay que ser del MAS- sino incursiona cada vez en mayor medida en actividades productivas (hasta un 35% del total de la inversión pública).

Lo que corresponde entonces, en vez de plantearse una solución a la antigua, como sería el federalismo, es avanzar en el camino ya emprendido y profundizar la descentralización. Comenzar por distinguir entre el financiamiento para la provisión de “bienes territoriales”, tales como infraestructura para el desarrollo económico territorial, competencias exclusivas donde la autonomía fiscal plena es lo más conveniente, y la de “bienes sociales”, como salud y educación, que son competencias concurrentes y donde lo primordial es garantizar un mínimo similar a cada bolivian@ independientemente de su lugar de residencia.

Y, a fin de que las autonomías departamentales puedan ejercer libremente sus competencias exclusivas, asignarles tributos suficientes que, complementados con mecanismos subsidiarios de compensación, sitúen a todas las autonomías -no sólo a las departamentales- en igualdad de condiciones para decidir sobre provisión de bienes territoriales. Y en el caso de los bienes sociales, definir transferencias que complementen los recursos subnacionales con el objetivo planteado.

Esta solución es viable (ver, del autor, Pacto Fiscal, cómo conciliar eficiencia con equidad. Plural).

Iván Finot  fue Experto Principal en Descentralización de la CEPAL.