De un tiempo a esta parte, ha ido creciendo una ola de afirmaciones dudosas o falsedades descaradas respecto de la realidad boliviana, que lejos de revelar hechos ocultos o decir verdades, lo que hacen es cumplir su objetivo de generar mayor tensión, afirmar la radicalización y el enfrentamiento en las posiciones políticas polarizadas que hoy cruzan transversalmente la vida de la ciudadanía.

Se trata de una ola al parecer muy potente porque arrastra inopinadamente a gente o sectores sociales y profesionales que en principio deberían ser ecuánimes, objetivos, independientes o, si no lo son porque tienen una postura declarada, mínimamente razonables y responsables a la hora de afirmar algo o de llevar a cabo una acción.

Hay muchos ejemplos de ello. Desde algunas dirigencias políticas o gremiales se dicen frases poco precisas pero tendenciosas; consignas absurdas por básicas y bastas, pero que de tanto repetirse y reproducirse por las redes sociales calan en quienes quieren creerlas. Afirmaciones como que en Bolivia se quiere instaurar el comunismo y que el país acabará como Venezuela o Cuba, que el Gobierno confiscará toda ganancia obtenida por cualquier actividad económica, que se expropiará a mansalva, que se eliminarán las autonomías departamentales… y un largo etcétera.

Entre los ejemplos está una lista de leyes que ahora son cuestionadas, cada cual simplificada al máximo para ser rechazada por la población, a tal punto que quienes las critican a veces no pueden respaldar sus afirmaciones: un diputado de oposición protagonizó un papelón ante la prensa por no saber explicar qué era concretamente con lo que no estaban de acuerdo; una conocida periodista presentadora de televisión, igualmente, no supo decir en qué casos concretamente el Gobierno se inmiscuía en las autonomías departamentales. Vergüenza.

Todo en un marco triple de gran preocupación: por un lado, unos liderazgos masculinos y masculinizados, muchos de ellos muy agresivos, prepotentes y ávidos de visibilidad (esto en ambas partes); por otro, con el uso de discursos religiosos y mesiánicos que conducen a quienes les siguen sólo al hecho de creer, a tener fe ciega, y no hacia un pensamiento racional y crítico; y, finalmente, con una tendencia cada vez mayor a deslegitimar la institucionalidad.

Ahora se ha iniciado una campaña para poner en duda la veracidad de los resultados de las últimas elecciones, deslegitimando al Tribunal Supremo Electoral. Se busca nuevamente instaurar la idea del fraude, cosa absurda, salvo si sobre esa base se construye un movimiento dirigido a otra vez cambiar al gobierno por uno que sea afín a ciertos intereses. Lamentablemente, como en todo este proceso, varios medios de comunicación se suman a esta campaña y no se detienen a pensar en que hay dos Bolivias y que lo ideal sería reflejar a ambas y ser también críticos con ambas.

Se está llegando a límites peligrosos en ese proceso de afirmar y actuar con tanta irresponsabilidad y poca racionalidad. Obviamente el Gobierno comete errores, seguramente tiene algunos muy criticables y es deber de la oposición y los medios sacarlos a luz, denunciarlos y tratar de evitar que sigan cometiéndolos; sin embargo, una cosa es hacer oposición y otra hacer una oposición destinada exclusivamente y por todos los medios a deslegitimar la institucionalidad democrática. Esto es peligroso porque se atenta contra la democracia y es vergonzoso para quienes en ello participan, mucho más si lo hacen en nombre de ella.

Si el actual Gobierno no gusta y gana elecciones, para cambiarlo lo correcto es formar opciones políticas consistentes que le quiten votos en las próximas elecciones ¿No sería mejor trabajar en ello, en lugar de agarrarse a puñetes, conspirar y avergonzar? Si estos partidos tuvieran una base más amplia no tendrían necesidad de deslegitimar las reglas de juego. Así de simple.

La autora es periodista