Advirtió en una extensa carta que si no hay correcciones al sistema electoral se consolidará un gobierno tirano y persistirá en sostener impune a quienes, como Evo Morales, se aferran al poder.

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La exvocal Rosario Baptista. Foto: Internet

La Paz, 22 de noviembre (ANF).- La exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rosario Baptista, en una extensa carta denominada “Mi compromiso con Bolivia” manifestó que es el momento de que la ciudadanía recupere su soberanía, ejerciendo su derecho a recurrir “al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”, como prevé la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

La exautoridad alertó que no es suficiente resolver sólo un tema para corregir el sistema. Anticipó que en la agenda se vendrán la reforma legislativa de las leyes en materia electoral; el censo de población y vivienda, que conllevará la redistribución de circunscripciones uninominales; las elecciones judiciales, y luego otra vez el ciclo de elecciones generales, departamentales, regionales y municipales, sucesivamente, todo esto sin hacer las correcciones abiertas, con participación y observación ciudadana.

En su criterio, “No hacer las correcciones al sistema que conforma a todos los Órganos del poder público, distorsionado por una voluntad dolosa que ha secuestrado la soberanía del pueblo a favor de un partido político, conlleva la consolidación de un gobierno tirano, que ha desmantelado la democracia y persistirá en sostener impune a quienes, como Evo Morales, se aferran al poder engañando y traicionando a la propia gente que dice representar, a quienes no ha hecho otra cosa que dividir, basado en la mentira”.

En ese contexto, afirmó que ni desde el interior del TSE se pueden cambiar las cosas, instó a un activismo de la población, dijo que es el momento de que la ciudadanía recupere su soberanía, y la ejerza de manera directa y legítima, respetando su diversidad, libre de presiones, extorsión y manipulación del poder gobernante, ejerciendo su derecho a recurrir “al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión” que considera la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando sus derechos no son protegidos por un régimen de Derecho”, sostuvo.

Precisó que no es un tema político, sino “un tema de Derechos Humanos y garantías mínimas para recuperar el Estado de Derecho. Cambiar las cosas requiere partir de algo, y ese algo no es otra cosa que romper los círculos de impunidad y corrupción. No pueden gobernar quienes han secuestrado la democracia para desmantelarla”, sentenció.

Baptista lamentó que tenga que buscar protección, no solo de quienes ejercen el poder, sino también del propio sistema judicial, en el que debería confiar y resguardarle sus derechos, pero que se convirtió en la “herramienta servil de la persecución y extorsión. No importa dónde esté. Estoy en mi país, buscando que los derechos y la justicia se restablezcan”.

Entre otros temas, reveló que el TSE ocultó denuncias que no las resolvió y que comprometían la personería jurídica del Movimiento al Socialismo (MAS).

 “Existe un partido único. Y es por este partido único que el Tribunal Supremo Electoral eligió no procesar una denuncia. Un Tribunal resuelve los casos sometidos a su conocimiento, no los oculta, no elige qué juzgar y qué no. Es su obligación procesar todo, aunque fuera sólo para rechazarlo, con apego a la ley”, señaló en una parte de la carta de más de cinco páginas.

En relación a este caso, Baptista detalla que se denunció la existencia de dos causales que podían haber dado lugar a la cancelación de la personería jurídica del MAS, una por uso indebido de bienes del Estado en la campaña electoral de Evo Morales, y la otra por discriminación, explícita en el Estatuto Orgánico del MAS de 2012, que establecía que el acceso a la función pública corresponde solo a militantes del partido.

Señala que en una segunda ocasión en la que también estuvo en igual riesgo, “el mismo partido confesó que la disposición, por la que en una anterior elección se canceló la personalidad jurídica a una organización política del Beni, pocos días antes de la jornada de votación, era inconstitucional y esto fue reconocido oficialmente por el Tribunal Constitucional, que en la anterior ocasión encontró una salida para evadir decirlo”.

La exvocal señala que pueden existir muchas justificaciones de tipo políticas, pero ninguna es una razón jurídica, ni apegada a la justicia (…) y “ninguna justifica omitir el cumplimiento de nuestras obligaciones”. Manifestó que se le acusó de haber inventado de que la denuncia está pendiente, no obstante, dijo que el caso pasó por varias direcciones, “sin que nadie quisiera tramitarla”.

Precisó que “Se hizo la investigación; se obtuvieron las pruebas, no legalizadas porque los funcionarios a cargo fueron amenazados, los ministros de turno se negaron a entregarla, y todo esto durante el gobierno transitorio. Hoy, esta denuncia sigue pendiente de tratamiento, se resolvieron muchas otras presentadas con el mismo propósito, pero con diferentes causales y sin fundamentos válidos, todas fueron resueltas en plazo; esta no”, afirmó.

Baptista renunció al cargo de vocal del TSE denunciando que este organismo estaba secuestrado y carecía de independencia y autonomía. En esta su carta recuerda que fueron elegidos como vocales que tiene un nivel de magistratura de un organismo en el que se tutelan los derechos políticos y se resguarda la institucionalidad democrática.

Las relaciones con los otros órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son de cooperación y coordinación, sin embargo, dijo que su obligación es preservar su independencia y separación respecto a ellos, porque así es como se fundamenta la organización del Estado en democracia. Además, deben ser independientes respecto a las organizaciones políticas, a las cuales regulan, registran y supervisan.

Argumenta que el problema en el TSE es estructural, de un sistema electoral diseñado a medida, con leyes inconstitucionales, funcionarios sometidos y toda la información inaccesible (la más crítica bajo resguardo de confidencialidad).

Citó 11 problemas entre los que destacan la destrucción completa del sistema de partidos, quedando solo algunos sobrevivientes. Los partidos políticos se adscriben pagando alquileres para las siglas en cada elección. Afirmó que cuando el sistema no es manipulado los resultados simplemente se los ignora como sucedió con el referéndum de 2016.

“La legislación electoral es inconstitucional; lo reconoció el propio MAS cuando se debió cancelar su personalidad jurídica, como ellos lo hicieron sin pestañear el 2015 contra un adversario político, pero además vulnera el debido proceso”, sostuvo.

Cree que, en el ámbito tecnológico, jurídico y jurisdiccional, se evita abrir las fuentes, permitir la observación, veeduría y control ciudadano real y efectivo; además de una falta de. No se quiere ir a la “arqueología” del padrón. Acota que las “cláusulas de confidencialidad solo generan dudas”.

Denunció que en su ausencia se contrataron a 60 funcionarios, que no fue el resultado de un proceso de convocatoria pública y que tampoco se verificó si cumplían los requisitos para el cargo.  

Baptistas también identificó problemas en la forma de asignación de escaños plurinominales porque en las asambleas departamentales ha sido diseñada para que sin importar quién asuma la gobernación, la asamblea sea siempre del MAS, con mucho. Cuestiona que como está actualmente diseñada, la asignación porcentual por organizaciones políticas claramente genera beneficio para un partido.

La exvocal continuó, dijo que mostró sus disidencias que fueron publicadas y las expuse, “pese a la mordaza de la vocería única”. No obstante, cuestionó la falta de pronunciamiento de quienes se lamentan por la “toma” del Órgano Electoral, respecto al Estatuto Orgánico del MAS, “con el que no sólo se apropian del Órgano Electoral, sino de todo el Estado, con descaro”.

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