La exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Rosario Baptista Canedo, mediante una extensa carta pública, denuncia que el Órgano Electoral decidió no procesar dos causales que podrían haber determinado la cancelación de la personería jurídica del MAS, además, reitera la duda sobre el padrón electoral, la habilitación ilegal de Evo Morales como candidato, el maltrato a mujeres en cargos electivos, designación de personal sin convocatoria pública, la falta de acceso a la información electoral, el diseño de asignación porcentual por organizaciones políticas, pero en beneficio de un partido, entre otros.

La declaración de Baptista “Mi compromiso con Bolivia”, una vez más pone al desnudo las dudas que se tiene sobre el accionar del Tribunal Supremo Electoral, pese a las descalificaciones manifestadas en conferencia de prensa por la Sala Plena, acompañada de los vocales departamentales, al incorporar detalles sobre algunas actuaciones del cuerpo colegiado.

Refiere que en los últimos 15 años se observa la consolidación de un solo partido a nivel nacional, además de otros 10 con diferentes deficiencias, pero que evidencia que el “sistema de partidos políticos prácticamente no existe”.

“Existe un partido único. Y es por este partido único que el Tribunal Supremo Electoral eligió no procesar una denuncia. (…) En este caso concreto, se denunció la existencia de dos causales que podrían haber dado lugar a la cancelación de su personalidad jurídica, una por uso de bienes del Estado para la campaña electoral de Evo Morales, y la otra por discriminación, explícita en el Estatuto Orgánico del MAS-IPSP aprobado el año 2012, que determinaba que el acceso a la función pública corresponde sólo a militantes del partido. En una segunda ocasión en la que estuvo en igual riesgo, el mismo partido confesó que la disposición, por la que en una anterior elección se canceló la personalidad jurídica a una organización política del Beni, pocos días antes de la jornada de votación, era inconstitucional y esto fue reconocido oficialmente por el Tribunal Constitucional, que en la anterior ocasión encontró una salida para evadir decirlo”, sostiene.

Señala que ya en 2012, en su Estatuto Orgánico, el MAS en el inciso c de su artículo 61 señala que “no existe: invitados, neutrales ni independientes en los cargos designados, Nacionales, Departamentales, Regionales y Municipales todos y todas son afiliadas o militantes del MAS-IPSP”.

Baptista asegura que las justificaciones para no procesar esa denuncia pueden ser muchas, pero “ninguna justifica el omitir el cumplimiento de nuestras obligaciones”.

“Se me acusó en Sala Plena de inventarme el hecho de que la denuncia estuviera pendiente, olvidaron que estaba dando vueltas de una dirección a otra, sin que nadie quisiera tramitarla. Se hizo la investigación; se obtuvieron las pruebas, no legalizadas porque los funcionarios a cargo fueron amenazados, los ministros de turno se negaron a entregarla, y todo esto durante el gobierno transitorio. Hoy, esta denuncia sigue pendiente de tratamiento, se resolvieron muchas otras presentadas con el mismo propósito, pero con diferentes causales y sin fundamentos válidos, todas fueron resueltas en plazo; ésta no”, indica en la declaración.

Nuevo padrón

Manifiesta que el “problema no es sólo si hubo o no fraude”, toda vez que no hay una verdadera transparencia y que siempre se tuvo esa duda. Refiere que se pidió en las calles un nuevo padrón, que se hizo en “2009 y los medios espurios de su conformación también generaron dudas, jamás despejadas, dejando la puerta abierta a la incertidumbre sobre su legitimidad. Y más de 10 años después estamos en el mismo punto, con las mismas dudas, después de otra cuestionada elección en 2014, la vergonzosa de 2019 y la supuestamente ejemplar de 2020”.

“En el ámbito tecnológico, jurídico y jurisdiccional, se evita abrir las fuentes, permitir la observación, veeduría y control ciudadano real y efectivo; pretenden de la gente un acto de fe, para justificar la ausencia de transparencia institucional. No se quiere ir a la ‘arqueología’ del padrón. Quieren convencer sobre la integridad del padrón con publicidad, con diapositivas y exposiciones. Lo tecnológico debe ser abierto, sometido a escrutinio público, todo el tiempo, permanentemente. No hay motivo para que no lo sea. Las cláusulas de confidencialidad sólo generan dudas”, indica.

Manipulación

“Cuando el sistema no puede manipular a su favor los resultados, simplemente los ignora, como hicieron con el referendo de 2016, violando la CPE y las leyes. No sólo lo hizo el propio TSE, que habilitó a Morales por tercera vez en 2014 y por cuarta vez en 2019, lo hizo el TCP en 2014, en 2016 y en 2019, y lo hicieron los políticos que terciaron en elecciones con un candidato absolutamente ilegal, sin cuestionar nada. Lo legitimaron con su presencia; la misma que me exigen ahora para legitimar los actos de este TSE, al que mi posición disidente benefició para simular una conformación “equilibrada”, y lo legitimamos los ciudadanos con nuestro voto, el que cuando no les conviene no quieren respetar”, manifiesta.

Ilegalidades

En su carta, la exvocal Rosario Baptista señala que la designación de personal tiene que hacerse por convocatoria pública, pero que en su ausencia por vacación se designó a más de 60 personas, sin verificar los requisitos se llenaron todos los cargos, “bajo la batuta de la vocal recién llegada (Dina Chuquimia)”. Asimismo, indica que expresó su disidencia en la “toma” del Órgano Electoral, respecto al Estatuto Orgánico del MAS, con el que no sólo se apropian del Órgano Electoral, sino de todo el Estado, con descaro. En él expresa que no hay autoridades neutras ni independientes en ninguna institución del Estado.

Presión de los gobernantes

“Quienes ejercen funciones en cargos que exigen independencia e imparcialidad tienen dos caminos: o sumarse al partido, hacer aportes mensuales y aceptar la consulta obligada con su Dirección Nacional para tomar decisiones, o irse. Salvo que, como dicen los vocales, los militantes no estén de acuerdo e interpongan las ‘acciones que correspondan para determinar su inconstitucionalidad’, la cual debió ser determinada por el TSE. Ellos tomaron su decisión, y se quedan. Sabemos en qué condiciones, lo dice el Estatuto que registraron”, escribió la exvocal Rosario Baptista.