La relativa calma que vivimos desde hace casi una semana, después de la abrogación de la Ley 1386, podría terminar pronto con el conflicto por la norma del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, que atenta contra las autonomías, departamentales, municipales y universitaria.

El oficialismo no sólo niega esa vulneración contenida en la Ley 1407, sino que parece haber comenzado a prepararse para confrontar las medidas de protesta que se anuncian en contra de esa norma, el mismo momento en que cedía a las movilizaciones que consiguieron la abrogación de la cuestionada Estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.

En la Asamblea Legislativa, el MAS impuso en las consideraciones de la ley abrogatoria el argumento de que se da curso a la anulación de la Ley 1386 para evitar que se deponga al Gobierno.

Textualmente, se afirma que se abroga la Ley de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas “a efectos de que no existan pretextos para seguir paralizando nuestra economía y no haya forma de que grupos minoritarios, que responden a intereses particulares y extranjeros, que emplean grupos parapoliciales y paramilitares, del mismo modo en que lo hicieron durante el golpe de Estado de 2019”.

Y hay más, el texto también menciona a “grupos minoritarios que responden a intereses particulares y extranjeros, que emplean grupos parapoliciales y paramilitares”. ¿De qué se trata todo eso? Si no fuera porque la redacción es del MAS, podría que pensarse que se refieren a las milicias que aparecieron en Las Londras, un caso en el que hasta ahora no hay ni un solo detenido.

Pero no se trata de eso, sino de las movilizaciones multitudinarias que, durante seis días, manifestaron su rechazo a la norma ahora anulada. Durante el tratamiento de la ley abrogatoria, los legisladores de la oposición reclamaron porque esos conceptos dejan la puerta abierta para que el MAS criminalice la protesta y a los ciudadanos que participaron del paro multisectorial.

No se equivocaban, como lo demuestra la persecución judicial de la que es objeto el líder cívico cruceño y la reactivación de las acciones en contra de personas relacionadas con los movilizados de octubre-noviembre de 2019.

A ello se suma la advertencia de los movimientos sociales acerca de que no se permitirá tocar “una sola ley más”.

Esas actitudes anuncian que en Bolivia nada cambia, que ni siquiera un dramático paro de nueve días con el resultado que ya se conoce, alcanza para hacer comprender a la fuerza política mayoritaria que el camino correcto es otro y que debiera incluir el diálogo y la búsqueda de acuerdos.