Los últimos retrocesos del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) en términos de gestión pública, han desnudado la crisis que existe en esta tienda política y el abandono que se hace al presidente Luis Arce en su administración: Gobierno, estructura partidaria y organizaciones sociales. Además, devela la debilidad del gabinete de ministros y de la mayoría de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ante una oposición fragmentada.

La crisis que generó el Gobierno central por la intención de poner en vigencia dos normativas para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo, es responsabilidad de esta instancia y sus sectores, y no de la oposición como pretende hacer ver el Ejecutivo y los actores que le rodean.

“Creo que hay una carencia de articulación política interna, entre tres espacios que son fundamentales dentro de la existencia del Movimiento Al Socialismo (MAS). El primero, la parte gubernamental, la vamos a llamar la parte burocrática del MAS; el segundo, la instancia de los movimientos sociales que es muy importante, no nos olvidemos que el MAS se sostiene en función de estos movimientos sociales, y el tercero es la propia estructura del partido, eso significa la jefatura y los mandos dirigenciales del partido”, dijo el politólogo Marcelo Silva.

En los últimos dos meses, Bolivia ha soportado conflictos internos y la escalada de violencia, ante el llamado del gobernante a defender su gestión y que se intentaba gestar un presunto segundo golpe de Estado.

Durante este periodo de gestión, el gobierno del partido azul se dedicó en confrontar a quienes considera sus enemigos, el intentar poner en el imaginario de las personas un presunto golpe de Estado, buscar enterrar el fraude electoral denunciado o las irregularidades detectadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en los comicios de 2019, tanto a nivel interno como en foros internacionales.

“Solamente escuchamos mensajes, discursos. El pueblo boliviano demanda que cese esta confrontación, esperamos que de una vez hagan políticas públicas de verdad, como ciencia, no como confrontación con otros sectores. Aprueban normas que hasta sus sectores sociales rechazan, pero no reconocen que algo anda mal al interior y lo único que hacen es tirar la piedra a la derecha”, refiere el exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) y abogado, Mateo Laura.

En tanto, el historiador e indianista Pedro Portugal señala que las organizaciones sociales, base del MAS, se mueven de acuerdo a sus intereses y que cuando ven que los mismos son afectados no les importa el partido.

“Hay un enfrentamiento ideológico y sentimental que está perjudicando al país y al propio gobierno”, indicó el analista debido a los retrocesos que da el Ejecutivo.

Agregó que “hay otro mecanismo en los sectores populares en su funcionamiento con el poder, los sectores populares están enfrentados a cualquier poder en función de gobierno, el MAS no es el único que arrastra al sector popular”.

Entonces, Portugal asegura que los fracasos del MAS son porque ya no hay la adhesión de las organizaciones sociales como antes, ahora éstas velan por sus intereses, se han empoderado y se desenvuelven conforme a esta situación.

Fracaso

El conflicto para el Gobierno se inició con la demanda del retiro del proyecto de Ley 218 de lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento Contra el Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El lunes 11 de octubre se registraron multitudinarias manifestaciones en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija y Sucre.

El Gobierno calificó esta medida como un intento de desestabilización de la administración de Luis Arce, y como es habitual el oficialismo convocó a sus sectores afines, en primera instancia para un “wiphalazo”, en referencia a la bandera indígena wiphala, además marchar en “defensa de la democracia” y del Gobierno.

El gobernante aseguró que el proyecto no afecta a gremialistas, periodistas, carniceros o congregaciones evangélicas, y que eran simples rumores.

El Ejecutivo central determinó retirar el proyecto 218, ante la creciente presión de los sectores, que incluso llegaron a dar un plazo de 72 horas para que se efectivice el pedido de archivo del documento.

De manera inmediata, los sectores en conflicto activaron sus movilizaciones, nuevamente, esta vez en demanda de la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, considerada como la ley madre.

Ante este nuevo escenario, los mandatarios, autoridades del Gobierno central, asambleístas y dirigentes del MAS retomaron la retórica de intento de desestabilización, construcción de un presunto segundo golpe de Estado, para incitar a las bases a confrontar a los sectores que demandaban la abrogatoria de la norma cuestionada e involucrar a la oposición , a la derecha.

Para enfrentar la crisis, el Ejecutivo central movilizó un gran elemento policial, movilizó a las tropas y material bélico de las Fuerzas Armadas a diferentes regiones, pero principalmente a Santa Cruz, bajo el pretexto de festejar el 14 de noviembre el día del Ejército.

Paralelamente a estas acciones, las primeras autoridades del país hicieron llamados vehementes a sus bases, organizaciones sociales a enfrentar a las personas que demandaban la abrogación de la 1386. Pero además surgieron los grupos parapoliciales, que apoyados por la fuerza del orden atacaban de manera violenta a los ciudadanos que bloqueaban, bajo el pretexto de desbloquear avenidas.

“Es difícil entender los retrocesos que ha tenido el Gobierno. En el ámbito de intentos de gestión pública a través de leyes, han tenido que caerse, han tenido que retroceder en función de la falta de apoyo de las organizaciones sociales aliadas, fundamentalmente de transportistas, de gremiales, de mineros cooperativistas en algún momento que ‘son aliados sociales del MAS’”, refiere el politólogo Marcelo Silva.

Agregó que “también llama la atención el hecho de un silencio o poca articulación de la estructura partidaria, eso significa el partido político, el jefe del partido político, los diputados, la bancada política”.

Para Portugal, “eran sectores sistemáticamente marginados y que ahora están en formación en Bolivia, hay un empoderamiento de estos sectores populares, pero estos sectores populares se empoderan digamos en los márgenes ilegales”.

“Entonces, ya no hay una adhesión automática a algún poder, cualquiera que sea, como condición inequívoca, para tener cierto confort, cierta garantía de derechos. Estos sectores empiezan a tener su propio poder, se lo nota en el campo de los ahora llamados interculturales, colonizadores, de las cooperativas mineras, de los comerciantes minoristas, de los gremios , etcétera. Entonces, el Gobierno ha tenido una mala lectura y no ha visto que estas cuestiones que se estaba emitiendo (leyes) podían ser lesivas para estos sectores emergentes que los consideraba como aliados naturales, digamos incondicionales”, sostuvo Portugal.

EL GABINETE TIENE MUY BAJO PERFIL POLÍTICO

REDACCION CENTRAL

El politólogo Marcelo Silva sostiene que aparte de una coordinación estructural en el MAS, el Gobierno central carece de un gabinete con fortaleza política, lo que le valió que tenga que retroceder en la aprobación y vigencia de normativa para la lucha contra las ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.

“Primer elemento, creo que al presidente (Luis) Arce le hace falta un gabinete de mayor temple político, creo que ha sido muy exquisito en el ámbito de un gabinete de muy bajo perfil. Se ha tratado de priorizar el aspecto técnico, tecnócrata, en el ámbito especialmente del gabinete económico y poca trascendencia en el ámbito del gabinete político. Tenemos ministerios que son claves como el de la Presidencia, Gobierno, Defensa, que son ministerios fundamentalmente políticos”, reflexionó. En ese contexto, agregó que los articuladores de este gabinete de ministros es poco operativo y que no ha dado resultados de articulación política.

“Yo considero que el Gobierno necesita privilegiar los espacios de operatividad política, no es que se extrañen, a figuras como Quintana, Romero y otros ministros de antaño que indudablemente tenían una capacidad de articulación política muy interesante, es decir, tenían la capacidad no solamente de negociar, de llegar a sectores sociales sino también negociar con las oposiciones”, indicó.

ESTADO MAYOR DEL PUEBLO

En agosto pasado, organizaciones sociales crearon el “Estado Mayor del Pueblo para el Pueblo”, que está al mando del expresidente Evo Morales y reemplazó a la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam). La nueva instancia de sectores sociales se declaró en estado de emergencia, en defensa del gobierno del presidente Luis Arce.

La primera resolución de los sectores establece que “las organizaciones sociales sindicales e indígenas, decidimos conformar el Estado Mayor del Pueblo y Para el Pueblo como un espacio plurinacional en defensa de la soberanía y dignidad de nuestra revolución democrática y pluricultural, ante el asecho del sistema capitalista y la derecha racista fascista, con falso discurso populista”.

Sin embargo, en este periodo de crisis no se pronunció esta instancia, por el contrario el presidente Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca, salieron al frente arropados por el denominado Pacto de Unidad.

ACONTECIMIENTOS EN DÍAS DE PARO

Durante los primeros días de la protesta, la Policía intentó desbloquear a la fuerza las vigilias instaladas por los vecinos y la actuación de grupos de choque que también buscaban despejar las vías. Uno de los hechos más criticados fue la actuación de un grupo de encapuchados que circulaban en unas camionetas que, según una denuncia, figuran como incautadas al narcotráfico, esto aconteció en Santa Cruz.

El martes 9 de noviembre, en el segundo día del paro, murió en Potosí el joven Basilio Titi, de 22 años. El hecho sucedió durante un enfrentamiento entre un grupo que apoyaba las medidas y otro que llegó del área rural que se oponía a ellas. En Santa

Cruz, la zona en la que se reportaron más incidentes fue el Plan 3000, donde durante cinco días consecutivos se reportaron incidentes violentos con intervención policial.

El Gobierno primero se negó a atender los reclamos y convocó a un diálogo para el sábado 13 de noviembre en Cochabamba. Los gremiales se negaron a asistir.

CAMBIOS EN EL PODER POLÍTICO

En las últimas décadas, el poder político ha permanecido en el occidente, mientras que el económico se ha trasladado al oriente. Allí reside una de las claves del conflicto, aunque las profundas transformaciones demográficas que atraviesan los departamentos autonomistas, resultado de la migración desde el occidente, hacen pensar que las cosas volverán a cambiar en el futuro próximo.