Mientras el partido gobernante resolvió en su asamblea que se debe “Respetar y cumplir la alternancia entre concejales titulares y suplentes en los municipios donde se realizó un acuerdo escrito de manera coordinada y respetuosa con la estructura orgánica del instrumento político y las organizaciones sociales”, dice su resolución.

En tanto, que la presidenta del TSE expresó su preocupación por los niveles de presión y violencia que se han generado hacia las mujeres, al amparo -precisamente- de estos acuerdos entre partes para la rotación o alternancia de cargos.

“Preocupa más en este momento y lo digo en términos de lo que es esta situación de presión para las renuncias de las mujeres, en este procedimiento que se manifiesta como rotación o como alternancia de cargos. Lo planteaba en sentido estricto que esto vulnera la ley y vulnera la Constitución”, sostuvo Uriona.

La titular del Órgano Electoral se refirió al tema el pasado jueves en un evento de socialización del proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, donde manifestó que estos mecanismos de “alternancia” afecta la representación paritaria de las mujeres.

“Lo que es más delicado (es que) está generando condiciones de violencia y acoso muy duras para las mujeres”, situación que está sucediendo en particular en las zonas rurales donde no existen muchas condiciones para la protección de las mujeres.

Anticipó que el Órgano Electoral ha iniciado procesos de investigación en las situaciones en las que se les obliga a las autoridades (en particular mujeres) a renunciar, toda vez que estas acciones lo que hacen es debilitar la democracia en el país.

El Tribunal Supremo Electoral no reconoce los acuerdos entre partes y al interior de los partidos políticos. Esta instancia ha recibido 65 casos de violencia y acoso político a las mujeres vinculados a presiones para que las féminas renuncien.

De los 65 casos de violencia y acoso 36 fueron denuncias presentadas en los tribunales electorales departamentales, 19 son denuncias interpuestas por entidades como la Asociación de Concejalas, y 10 son casos de renuncias forzadas de mujeres.

Uriona en el mes de mayo cuando presentó estos datos manifestó que el acoso y violencia se manifiesta en actos de discriminación, presión para renunciar, restricciones en el uso de la palabra, presión sobre sus familiares y la firma de documentos en contra de su voluntad. La violencia es ejercida en particular contra concejales y un número menor hacia asambleístas departamentales.

En algunos municipios del país, para las elecciones de 2015, los candidatos firmaron acuerdos para que a mitad del periodo roten las autoridades entre la titularidad y la suplencia, un hecho que no es legal sostiene el TSE.