Las protestas, el paro y las movilizaciones de los opositores las últimas semanas en Bolivia recuerdan de manera directa los sucesos que desencadenaron el golpe de Estado de 2019.

La fiereza con que los manifestantes linchaban en Potosí hasta la muerte a un seguidor del gobierno, la actuación de los siempre rabiosos comités cívicos y finalmente la derogación de la ‘ley madre’, la supuesta causante de las protestas. Todo ello se parece demasiado a los acontecimientos que depusieron al presidente Evo Morales hace ya dos años.

Es difícil pensar que el problema de fondo no sea el mismo: sectores étnicos, sociales y económicos de poder que no aceptan un Gobierno indígena o progresista.

El principal problema que afronta el presidente Luis Arce, así como lo tuvo Evo Morales, es que las Fuerzas Armadas y la Policía han sido uniformemente permisivas en los ataques opositores y en 2019 duramente represivos contra las manifestaciones de rechazo al golpe.

Hay razones para pensar que el escenario golpista sigue latente. Aquí tratamos de comparar los factores de poder en ambas coyunturas, la de 2019 y la de este noviembre.

La oposición

En aquella ocasión, el Gobierno de Morales cayó con suma facilidad, mientras sus líderes fueron linchados y perseguidos casi sin capacidad de maniobra, siempre desde la mirada permisiva de unas Fuerzas Armadas y policiales que cada vez que pudieron mostraban su rechazo no sólo al Gobierno, sino a la cultura indígena.

Basta recordar cómo el líder cruceñista de derecha Luis Fernando Camacho, ahora gobernador de Santa Cruz, tomó sin resistencia alguna el Palacio de Gobierno, y cómo la alcaldesa Patricia Arce fue linchada públicamente sin la mínima respuesta policial, mientras el Ejército respaldaba a la autoproclamada Jeanine Añez y perpetuaba las matanzas a manifestantes en Sacaba y Senkata.

Dos años después, Camacho sigue en sus trece. El 7 de octubre pasado fue citado por la Fiscalía para declarar sobre los sucesos del golpe, pero al líder racista no le gustó. “Como lo dijimos en los días de paro, y como ellos pensaron que la llama se apagó, obviamente hoy en día hemos demostrado que esa llama sigue encendida. Y ojo, de rodillas vamos a estar para darle gracias a Dios cuando consigamos el objetivo, porque no nos van a ganar y este segundo round lo vamos a ganar otra vez nosotros”, comentó en una clara comparación entre el golpe de 2019 y esta nueva serie de protestas.

La oposición radical en nada ha cambiado. Ni la prisión a Jeanine Añez por su papel en el golpe ni la derrota electoral de 2020 han modificado sus objetivos esenciales: derrocar al presidente boliviano, y si para ello necesitan infundir terror, pues lo harán.

El Gobierno

Las recientes protestas recuerdan que el Movimiento Al Socialismo (MAS), fundado por Evo Morales, pudo volver al Gobierno en 2020 tras el golpe de Estado, lo que no significa que tenga el poder suficiente para gobernar.

El mejor ejemplo lo representa el motivo y las consecuencias de las protestas. La exigencia de derogación de la ‘ley madre’, llamada oficialmente Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo finalmente tuvo que ser derogada debido a la presión en las calles.

Con estas jornadas se acaba la luna de miel que había tenido Arce, sustentada por la debilidad postgolpista de los sectores radicales. Ahora se visualiza un Ejecutivo muy débil, al que le cuesta dar pasos decisivos y siempre actuando con enorme desconfianza de sus Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas

Después de la vuelta del MAS al Gobierno, por medio de las presidenciales de 2020, ocurrieron varias detenciones a importantes cuadros militares debido a su participación en el golpe de Estado.

Entre los detenidos o judicializados se cuenta al entonces comandante de las Fuerzas Armadas, William Kaliman, el general Jorge Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea; el almirante Gonzalo Jarjuri, exjefe de la Armada;  el exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, general Pablo Arturo Guerra Camacho, además de una decena de militares.

A pesar de estas detenciones, vuelven a abrirse dudas sobre la posición que tendrán los militares y policías de avivarse una nueva coyuntura golpista, especialmente cuando el presidente ha tenido que pedir públicamente a las fuerzas policiales que impidan el avance de las movilizaciones violentas y luego que la semana pasada removiera a cinco comandantes departamentales.

La manera uniforme, sin excepciones de ningún tipo, de cómo participaron en 2019 las fuerzas armadas y policiales hace temer que el anti-indigenismo y la ideología racista de derecha haya cundido en los cuadros armados, altos y medios, y que estén dispuestos nuevamente a seguir los dictámenes de estos sectores radicales.