“El control total de todos los Órganos del Estado por el partido gobernante (…) ha dejado el voto como único elemento sobreviviente, pero bajo condiciones legales técnicas e institucionales que lo convierten en algo nominal, ya que la voluntad ciudadana y la soberanía son manipuladas; (…) en el proceso electoral de 2020 se ignoraron los verdaderos resultados (…) sometiendo a la ciudadanía a la voluntad del partido político, que bajo las condiciones actuales nunca perderá una elección…”.

Es lo que afirma la abogada Rosario Baptista en su carta de renuncia, que es, al mismo tiempo, una gravísima denuncia no sólo en contra del gobierno del MAS, sino en contra del propio Tribunal Supremo Electoral (TSE), ahora puesto en el banquillo.

La gravedad de lo afirmado por Baptista seguramente será respaldado, en los próximos días y semanas, por datos, evidencias o al menos indicios que tenga en su poder la exvocal que fue parte integrante del TSE durante dos  años, y quien, al menos en tres oportunidades, adelantó su disidencia respecto a la conducción del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), especialmente, con motivo del Padrón Electoral.

Sin embargo, no se deben esperar esos elementos de juicio, que nos deberá transmitir la exvocal, para tomar iniciativas y encarar lo que es una profunda fisura en la credibilidad del Órgano Electoral que puede desmoronar su precaria estructura y, con ella, la estabilidad democrática que se asienta en la voluntad popular mayoritaria expresada en el voto, como derecho político esencial, cuya salvaguarda está en manos del TSE, hoy seriamente cuestionado.

Por ello, porque se requiere un inmediato y verdadero saneamiento institucional, no parece la mejor respuesta a la denuncia la declaración que hizo Óscar Hassenteufel, a nombre del Órgano Electoral, rechazando “vehementemente las temerarias y fantasiosas afirmaciones de la exvocal Rosario Baptista”. Como si el contexto político nacional y la conducta del partido de gobierno no fueran, precisamente, el del ejercicio autoritario del poder y del despliegue permanente de acciones hegemónicas que hoy tratan de silenciar a la minoría parlamentaria, que han subordinado absolutamente al órgano judicial y que intentan eliminar, por la vía de la persecución judicial, la disidencia de las autonomías departamentales y municipales.

Lo fantasioso es más bien creer que gozamos de Estado de derecho, de independencia de poderes, de institucionalidad democrática y de vigencia plena de los derechos y las garantías constitucionales.

Por eso, más adecuado parece el anuncio del vocal electoral Francisco Vargas en sentido de que se procederá a la “actualización de la plataforma biométrica del padrón electoral con un presupuesto cercano a los 30 millones de bolivianos”, pero esa actualización para nada es suficiente. Hay mejores voces como las de Comunidad Ciudadana que plantean la formulación de un nuevo padrón electoral, lo que debería obligar al menos a promover de inmediato una auditoría externa e internacional del padrón, para constatar su integridad, para corregir sus deficiencias o para efectivamente realizar un nuevo empadronamiento electoral sobre el cual no exista duda.

Si la base biométrica del registro electoral de la población votante está en duda, lo que está en tela de juicio es la soberanía popular, consagrada por el Art. 7 de la Constitución como principio y valor fundamental del Estado, de la que “emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público…”. Y la soberanía popular del voto está bajo custodia del OEP que debe ser transparentado.

Para ello, debe abrirse una investigación plural, imparcial e inmediata a cargo de la comisión prevista en el inciso 19 del Art. 158 de la Constitución, a la que deberá ser convocada la abogada Baptista, a quien se le deben brindar todas las garantías personales, para que le explique al país los componentes y razones también de esta su otra tajante afirmación: “El Tribunal Supremo Electoral está secuestrado por intereses ajenos a la justicia, la democracia y los derechos políticos (…) es un Órgano que no es independiente, ni imparcial…”. Si hay evidencias de ese secuestro –que parece se inició en julio de este año, con la ilegal destitución de los vocales electorales departamentales–, está claro que habrá que concentrar la atención ciudadana y popular en el RESCATE porque, ya en su momento, un conocido autócrata afirmó que quien define una elección no es el que vota, sino el que contabiliza los sufragios.