Representantes municipales, legisladores y expertos observan al menos tres retrocesos en torno a las autonomías con la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, que fue promulgada el 9 de noviembre. Cuestionan el  carácter de obligatoriedad, que los recursos provenientes de la cooperación internacional deban enmarcarse en ese plan, y que el Ministerio de Planificación se convierta en la máxima instancia de  planificación en Bolivia.

Desde el oficialismo se rechaza que la norma vaya contra las autonomías. Se indica que una ley similar ya fue promulgada en marzo de 2016,  y que es necesario contar con ese plan para acceder a la cooperación internacional.

“La presente ley tiene por objeto aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 ‘Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones’, establecer la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación”, se lee en  el primer artículo de la Ley 1407.

Según un análisis de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Autonomías del municipio de Santa Cruz, la norma viola la autonomía municipal establecida en el artículo 302 de la Constitución Política del Estado, que dispone que una de las competencias exclusivas de los municipios es la planificación del desarrollo municipal,  en concordancia con la planificación departamental y nacional. “Dice en concordancia,  no sometida ni obligatoria”, se lee en el análisis.

Otro de los aspectos observados es la disposición del artículo 4  de la Ley 1407, que   establece que los recursos provenientes de la cooperación internacional “se canalizarán de acuerdo a los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025”. En ese marco  se cuestiona  que se  limite la cooperación internacional a la que pudieran acceder los gobiernos subnacionales.

“Así como está redactada la norma,  la única manera de acceder a la cooperación internacional es que se canalizarán los recursos de la cooperación de acuerdo a los lineamientos estratégicos de este plan del Gobierno nacional,  cuando la ley establece que se puede financiar para implementar planes de todos los subsistemas”, indica Fabián Yaksic,  experto en temas autonómicos.

Al respecto,  el senador de CC y exalcalde de Tarija, Rodrigo Paz, subrayó que con esa disposición se cierra   a los municipios las opciones de cooperación internacional.

“Con esta Ley 1407 ya nos acaban de cerrar, de ahogar absolutamente. Muy pocos municipios del país y gobernaciones podrán sobrellevar las recargas y responsabilidades de esta política”, manifestó  el legislador y recordó que en los últimos años el Gobierno  recargó las responsabilidades del pago de algunos bonos y seguros a los municipios, sin que haya  transferencias económicas adicionales.

En ese aspecto,  Paz subrayó que se debe dejar claro cuáles serán las fuentes de financiamiento del Plan  de Desarrollo Económico y Social.

El tercer el artículo observado  de la Ley 1407 es el 5,  que establece que  “El Ministerio de Planificación del Desarrollo es responsable de la coordinación, seguimiento y evaluación del Plan”.

El alcalde de Tarija, Johnny Torres,  sostuvo que el plan convierte al Ministerio de Planificación en la máxima instancia de la planificación en Bolivia,  desconociendo que los gobiernos municipales, departamentales y universidades públicas tienen la competencia de planificar su gestión.

En opinión del secretario de Planificación de la Alcaldía de la sede de Gobierno, Vladimir Ameller, el Ministerio de Planificación no fue “capaz” de presentar una evaluación del plan anterior ni coordinar con las entidades autónomas la construcción de este nuevo plan.

“Requerimos que el Ministerio de Planificación dé herramientas, instrumentos, nos genere espacios de convergencia de intereses, porque este ejercicio de la autonomía es un ejercicio en el cual el Gobierno nacional tiene tanta legitimidad como los gobiernos locales”, expresó.

La autoridad además indicó que el plan del Gobierno nacional es “homogéneo”, y que  no se adecúa a las necesidades de las regiones que son diferentes entre sí. Señaló también que en este aspecto las regiones deben priorizar algunos temas según sus necesidades y que en gestión no todo se puede aplicar de manera simultánea.

En respuesta, René Orellana, exministro de Planificación del Desarrollo,  rechazó las objeciones hacia el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, y afirmó que el plan aprobado en 2016 tenía el mismo enfoque y no generó protestas.

“El plan Nacional de Desarrollo no delimita  ni restringe, mucho menos prohíbe a los municipios y gobernaciones, y a sus representantes sociales, definir su propio horizonte, sus propias metas y sus propios objetivos, eso está en la Ley del Sistema de Planificación”, dijo.

Orellana afirmó, además, que el plan nacional no implica que se afectarán los presupuestos regionales, sino que, por el contrario, “lo que hace el Gobierno central con su plan es conseguir recursos adicionales”.

En su opinión, hay una intencionalidad de “querer desmantelar la institucionalidad y la planificación del Estado”, y remarcó que es importante contar con un plan nacional para acceder a la cooperación internacional.