En un documento titulado “Basta de persecución a comités cívicos de Bolivia”, la alianza política Creemos expresó ayer su apoyo al presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y pidió al gobierno de Luis Arce, cesar la persecución a la oposición.
La denuncia fue presentada después de que con protestas se lograra la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Gobierno ha “intensificado una desmedida e injustificada persecución política contra quienes protagonizaron y participaron” dice el documento.
La fuerza opositora liderada por el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, denuncia que después de que las protestas lograran la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Gobierno ha “intensificado una desmedida e injustificada persecución política contra quienes protagonizaron y participaron” de la protesta.
“Exigimos a Luis Arce Catacora abandonar esta persecución política y en lugar de aquello le planteamos que reflexione y busque reencaminar la dirección de su gobierno a través del diálogo y la concertación”, reza el documento.
Asimismo, desde este frente político, se recomienda al Órgano Judicial que “abandone su calidad de brazo represor persecutor del gobierno de turno”.
En tanto, el Gobierno, a través del viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, convocó a quienes observan las leyes emitidas por el Gobierno, “presentar sus observaciones para un debate legislativo o ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), evitando paros o movilizaciones que afectan a la reactivación económica del país”.
“Hay mecanismos legislativos, hay mecanismos de cuestionamiento constitucionales. Si hay una normativa que se considere que está vulnerando las autonomías, sométanla a un test de constitucionalidad, (inicien) demandas de inconstitucionalidad, esos son los mecanismos idóneos de la institucionalidad del Estado” dijo Cox durante una entrevista en una radio digital donde también insistió en calificar de “acciones desestabilizadoras” las convocatorias de algunas universidades públicas contra la Ley 1407.
Por su parte, el presidente Luis Arce declaró en días pasados que su gobierno no hará “ninguna medida en contra de los humildes”, en alusión a las protestas que desató la abrogada Ley 1386 y acusó a la derecha de “intento de desestabilización”.
“La derecha quiere molestar, intenta desestabilizarnos, ignorando y equivocándose una vez más”, dijo.
Un paro cívico de gremiales y transporte pesado que tuvo el centro de acciones en Santa Cruz y Potosí, en rechazo a la ley de lucha contra las ganancias ilícitas logró que hace más de una semana, el Presidente determinara abrogar la cuestionada ley, decisión que fue respalada en ambas cámaras parlamentarias.
“Nosotros nunca vamos a afectar a nuestros hermanos gremiales, transportistas porque sabemos lo que es trabajar todos los días”, dijo Arce hace días durante un acto efectuado en Yungas.