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Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: domingo 21 de noviembre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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La derogación de la Ley 1386 que finalmente hizo el Legislativo ha sido sin lugar a dudas un triunfo de la oposición sobre el oficialismo. Y curiosamente ha sido un triunfo que lo ha logrado no en el hemiciclo, sino en las calles, esas calles que otrora eran propiedad exclusiva del partido cocalero.
Más allá de las verdaderas implicaciones de la famosa norma legal, de la chicanería como fue concebida, con un anexo lleno de riesgos para la integridad económica y personal de los ciudadanos y el poder felicitarnos de que el Gobierno haya tenido que retroceder, este hecho nos lleva a otras reflexiones.
En primer lugar, no podemos estar tan contentos con que haya ganado la calle, porque sabemos, ese es un espacio no democrático. La calle de las manifestaciones, de los bloqueos, nos ha llevado en primer lugar a la situación en la que estamos, a un Evo elegido presidente en 2005 y a todo lo que continuó.
La llamada rebelión de las pititas pudo ser aplaudida no sólo por los opositores genuinos al MAS –y por los que odian al MAS por motivos no legítimos–, sino por cualquier persona que no podía tolerar el manoseo delincuencial de la democracia que estaba haciendo el entonces presidente Morales y su entorno. Pero en realidad, y como se pudo ver a partir del gobierno de la señora Añez, eso tampoco fue una solución.
Los masistas han estado gritando por todo lado que lo que ha pasado la semana pasada era un intento de golpe, un intento de desestabilizar al gobierno. Desde un punto de vista psiquiátrico, podríamos decir que ellos han reflejado en el otro sus propios fantasmas del pasado. Desde el punto de vista más coloquial, podemos recurrir al refrán de que “nadie juzga lo que por sí no pasa”.
Es curioso ver a los masistas hablar de intento de golpe y de desestabilización si recordamos su accionar y los sucesos en el 2003, desestabilización que llevó a la renuncia de un presidente elegido constitucionalmente. Estos eventos fueron una conspiración e incluyeron mentiras groseras, como la historia de que el gobierno en realidad quería vender el gas al “odiado” vecino y que además hubiera tropas de élite de ese país en un céntrico hotel paceño. La desinformación que reclaman ahora los masistas fue el pan nuestro de las rebeliones populares a partir del año 2000; recuerdo a la población de los alrededores del lago, convencida de que el Gobierno pretendía privatizar el lago Titicaca y que no dejaría a la gente entrar ni siquiera a pescar unas boguitas. O el cuento de que el Gobierno de entonces pretendía privatizar la educación para que ya no existan escuelas para los pobres. Cabe recordar la historia de la guerra del agua, con la farsa de que se pretendía cobrar el agua de la lluvia.
Para colmo, uno de los argumentos que ahora han esgrimido los masistas en contra del paro y de los bloqueos, es el perjuicio económico que estos conllevan. Tienen toda la razón, los bloqueos son tremendamente perjudiciales, pero se necesita tener un cinismo enfermizo, una caradura de andesita, para hacer esas aseveraciones y ser admirador de Evo Morales, quien se preciaba sólo hace un poco más de dos años, de ser experto en bloqueos. Morales y los suyos estrangularon a este país, en varias oportunidades, precisamente porque desde el Chapare podían interrumpir/bloquear el flujo económico de todo el eje central.
La democracia en Bolivia posiblemente no esté a punto de morir, pero está con grave riesgo de una septicemia. Lo lamentable es que su recuperación, que depende de un Parlamento responsable, honorable y que pueda funcionar bajo las reglas de la democracia occidental, es casi imposible de imaginar. Qué bueno sería que tuviéramos una Asamblea que trabajara seriamente en las leyes que aprueba. Pero, como están y como son las cosas, ¿imagina usted un Parlamento elegido en cuatro años que sea mejor que el actual? La calle no es una buena solución y el hemiciclo está asfixiado. A menos que no gane las elecciones un partido que no cree en la democracia.