Con los muertos no se debe hacer política. Nadie. Nunca. En ninguna circunstancia. Lo que hay que lograr es que los muertos descansen en paz y para ello, que se haga justicia es imprescindible.

Hoy se cumplen dos años de la matanza de Senkata, el emblemático barrio de El Alto que cobija la principal planta de combustibles del occidente y donde sucedió uno de los pasajes más negros de la historia reciente del país en el 2019.

El asunto ha dejado de ser un arma arrojadiza ente gobierno y oposición desde la entrega del informe del Grupo de Expertos Independientes de la CIDH sobre los hechos de aquellos fatídicos días, que no duda en catalogarlo como "matanza". Un informe que conviene leer porque detalla todo el absurdo operativo de aquel día, donde se explicita la voluntad del gobierno de Jeanine Áñez de cortar las protestas con sangre.

La aprobación del decreto que eximía a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal ya tenía esa intención y su aplicación tanto en Sacaba como en Senkata fue premeditada.

El relato del GIEI de lo sucedido en Senkata es evidente y esclarecedor. Las cisternas ya habían salido del recinto y entrado en un lugar seguro custodiado por el ejército mucho antes de que empezaran las protestas, y ni bien empezaron, los militares no tuvieron dudas en usar fuego real. Incluso relata un pasaje en el que el Ministro de Hidrocarburos de entonces pide refuerzos en la tarde, cuando ya casi todo había sucedido, como tratando de justificar alguna actuación previa.

En aquellas dos jornadas negras el gobierno de Jeanine Áñez acabó por perder la credibilidad. En apenas una semana quedaba claro que no se trataba de un Gobierno de transición con intención de dialogar y llegar rápidamente al restablecimiento institucional del orden democrático en el país, sino de un gobierno cargado de políticos que ansiaban el poder desde hacía demasiado tiempo y que no pretendía dialogarlo ni compartirlo una vez asaltado. Se trataba a todas luces de establecer una nueva correlación de fuerzas.

Solo unos días después Áñez llamó a un diálogo en Palacio forzada por la comunidad internacional horrorizada ante el operativo expeditivo organizado por los leales a Áñez y donde no hubo ni un solo intento de intervención disuasoria, sino bala. A la reunión asistieron algunos movimientos sociales, muchos sin legitimidad, pero quedó en evidencia que la correlación había cambiado gracias a la fuerza del Estado, esa que no se empleó apenas en las tres semanas precedentes que acabaron con Evo Morales fuera del país.

En ese acto fue en el que Áñez “pidió” que "los salvajes" no volvieran al poder. Para entonces ya era un cadáver político sostenida por el poder del Estado y sus nuevos dueños, dispuestos a lanzarla como candidata lo antes posible. Afortunadamente, la sabiduría política y electoral de los bolivianos en mucho mayor que la que le atribuyen los sofisticados estrategas occidentales.

La cuestión es que todo lo sucedido necesita respuestas. Los procesos abiertos no deben contemporizarse ni acomodarse al momento político, deben abrirse dentro de los lineamientos constitucionales y de frente. En 2019 hubo dos matanzas concretas que deben ser juzgadas con arreglo a la Ley, como todas, caiga quien caiga.