El plan de un país se expresa en su Constitución y después se desarrolla en sus leyes. Una de ellas, entre las más importantes, es la del Plan de Desarrollo, que tiene un tiempo determinado y muchas salvaguardas, que le da a los gobiernos muchas posibilidades para ajustarse y modificarse, pero que básicamente debe ser lo más técnico y común posible, alejarse de partidismo y acercarse a los consensos.

Eso fue en su momento la Agenda 2025, un esfuerzo de planificación en un momento de baja polarización - porque los recursos fluían por el país sin problemas y la oposición simplemente no existía en el debate ideológico -. Lo que fue en su momento un plan muy de marketing y de campaña, pero que después se convirtió en el plan de desarrollo nacional.

La Agenda 2025 es una agenda tan amplia y tan cargada de buenas intenciones que cabe absolutamente todo. Muy difícilmente se puede encontrar a alguien que se oponga a "acabar con la desnutrición infantil" o a "garantizar el agua potable" u otros propósitos similares que al final le dan lineamientos a los Ministerios y también a las entidades subnacionales, porque es lo lógico. Ni en Bolivia, ni en otros países más autonómicos, ni tampoco en los federales, cada unidad territorial puede hacer lo que le dé la real gana.

Hay diferencias en los cómos, y ni siquiera tanto en estos tiempos de política populista e inmediata más pendientes de lo que dicen las redes sociales que del paso del tiempo. Los cómos son las políticas, y ahí es donde las autoridades deben fajarse para demostrar que sus ideas son mejores, que su planificación es más eficiente, que saben resolver mejor los problemas de la gente. Para unos será con bonos, para otros con reformas estructurales, para otros bajando impuestos y para otros simplemente dejando que el mercado actúe. Es la política en su esplendor, pero siempre con un objetivo conjunto.

El Estado Autonómico boliviano nació chueco en la Constitución política, donde se encajó contra la voluntad del Gobierno y limitando las expectativas de las regiones. Por si había alguna duda más, se aprobó la Ley Marco de Autonomías donde cercena cualquier tipo de capacidad de tomar decisiones autónomamente. Todo pasa por el Ministerio de Planificación y por el oscuro viceministerio de presupuestos y crédito público, que dan los lineamientos y directrices de lo que hay que hacer, porque además tienen la capacidad de cercenar y reacomodar los presupuestos aprobados por Ley Financial en los departamentos. El asunto es podrido y contradictorio, pero nadie se atreve a entrar a fondo en eso.

En este contexto, la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social no es que violente la autonomía esencialmente porque la autonomía no existe, porque todas las decisiones ya pasan por el Ministerio y no solo deben atenerse a la Constitución, sino a los criterios políticos del Gobierno.

El debate pendiente es el del modelo de Estado, el de qué hacer para ganar qué, porque en un plan de desarrollo, al final, cabe de todo.